miércoles 28/10/20

Piden casi 14 años para cuatro responsables de un club en el que había mujeres en situación irregular y no dadas de alta

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La Fiscalía ha solicitado penas que suman casi 14 años de prisión para cuatro responsables de un club de alterne de Heras (Medio Cudeyo) en el que trabajaban mujeres dedicadas a la prostitución sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y algunas en situación irregular en España, hechos por los serán juzgadas en la Audiencia Provincial desde este martes, 20 de octubre.

De los cuatro acusados, dos son socias de una mercantil dedicada a la explotación de establecimientos hosteleros, entre ellos, este de club de alterne en Heras; otro es el encargado del local y el restante es un hombre que, aunque "no tenía una participación habitual en la marcha" del negocio, se prestó a aparecer como administrador único de la sociedad, siendo conocedor de las actividades del club y participando en la contratación de algunos empleados.

Según se relata en el escrito del Ministerio Fiscal, en marzo de 2017, agentes de Extranjería de la Policía Nacional realizaron una inspección en el club e identificaron a 21 personas trabajando allí, entre ellas una limpiadora y dieciséis mujeres de diferentes nacionalidades "que ejercían voluntariamente actividades de alterne y prostitución".

Dos de esas mujeres se encontraban en situación de estancia irregular en España.

Días después, se realizó una segunda inspección, en esta ocasión con presencia de agentes de la Policía Nacional y también funcionarios de laAgencia Tributaria, y se encontró a 25 personas trabajando allí, 18 chicas extranjeras que ejercían el alterne y la prostitución, de las que siete se encontraban en situación irregular.

Finalmente, mes y medio más tarde, en una tercera visita al club con miembros de la Inspección de Trabajo, se identificó a 25 personas, de las cuales 18 eran mujeres dedicadas a las actividades ya mencionadas.

Según explica la Fiscalía en su escrito que "muchas de las trabajadoras" indicadas no estaban dadas de alta en la Seguridad Social en las fechas de las inspecciones y/o carecían de permiso de trabajo por estar en situación de estancia irregular en España".

En concreto, se trata de la persona que se encargaba de la limpieza y de más de 30 mujeres dedicadas al alterne y/o la prostitución. Ocho de ellas, además, estaban en situación irregular.

Explica el escrito que las mujeres que ejercían el alterne "alentaban el consumo de bebidas de los clientes, así como la prostitución en las condiciones que establecían los responsables del negocio", que fijaban el reparto del dinero obtenido por las consumiciones a partes iguales entre el club y las chicas.

En el caso de las mujeres que ejercían la prostitución, la Fiscalía señala que pagaban a los acusados 40 o 25 euros, según el número de servicios sexuales que realizaban, por ocupar las habitaciones, además de seis euros por las sábanas, y las que no prestaban servicios sexuales tenían alojamiento en el club sin coste.

También el club proporcionaba a las trabajadoras servicio de comedor incluido en las cantidades anteriores. Algunas de ellas --continúa la calificación del Ministerio Público-- residían de forma continuada en el establecimiento, y a las que no lo hacían se les asignaban taquillas para guardar sus efectos personales y cambiarse de ropa, ya que debían vestir ropas llamativas y provocativas que en ocasiones se vendían en el propio club.

La recaudación diaria la realizaban los responsables del club y al final del día ellos entregaban a las mujeres las cantidades que les correspondían.

Añade el escrito que la mercantil conocía su obligación de dar de alta a las trabajadoras ya que había sido ya sancionada por la Inspección de trabajo por hechos idénticos.

A juicio de la Fiscalía, los hechos constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores, con la concurrencia de la agravante de reincidencia en el caso de uno de los acusados, el que figuraba como administrador de la sociedad, ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Las penas solicitadas para el acusado reincidente ascienden a cuatro años y nueves meses de prisión, multa de 4.500 euros e inhabilitación para el cargo de administrador de industria o comercio por un periodo de tres años.

Para cada uno de los restantes acusados --dos mujeres y un hombre--, el Ministerio fiscal pide una condena de tres años de prisión y multa de 3.600 euros. Además, se solicita la clausura del club por un periodo de tres años.

El juicio arrancará el martes a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y está previsto que continúe el miércoles, 21 de octubre, a las 10.00 horas.

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