El Parlamento se une para solucionar el "grave" problema de las sentencias de derribo sin pérdida de patrimonio

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad una proposición no de ley (pnl) en la que se propone terminar de "forma definitiva" con el "grave" problema de las sentencias de derribo sin pérdida de patrimonio de los afectados y que se cumplan las reiteradas resoluciones de la Cámara cántabra.

Se trata de una iniciativa del Asociación Maltratados por la Administración (AMA) presentada por el Grupo Socialista, en nombre también del Grupo Regionalista y Vox, que ha contado con el apoyo del Grupo Popular.

El objetivo es establecer unos límites temporales a fin de que las víctimas de estos procesos no vean "eternizado el perjuicio" que sufren y, de esta forma, que el "daño" causado por las administraciones públicas se vea, "si no ya reparado, cuando menos resarcido en un tiempo razonable".

En concreto, insta al Gobierno de Cantabria (PP) a favorecer los supuestos con sentencia firme de derribo y su reposición en los que el Tribunal ordene a las Administraciones Públicas condenadas al resarcimiento del perjuicio causado a los terceros de buena fe transcurridos 15 años desde la firmeza de la sentencia, aun cuando el derribo no se haya aún producido.

También solicita que dicho resarcimiento se lleve a cabo por el cauce de la responsabilidad patrimonial de la Administración, sin perjuicio de que pueda también sustanciarse a través de los acuerdos y/o convenios suscritos entre los afectados y las administraciones públicas responsables.

Asimismo, propone que cuando pasen más de dos legislaturas, esto es, más de ocho años desde la aprobación y firma de los convenios o acuerdos entre las administraciones y los afectados, se puedan hacer efectivos, mediante las indemnizaciones o viviendas de sustitución como contemplan los mismos.

Además, defiende que los terceros de buena fe afectados por sentencia firme de derribo nunca vean mermado su patrimonio como resultas de actuaciones irregulares o ilícitas perpetradas por las administraciones públicas responsables.

Finalmente, la pnl aprobada este lunes manifiesta la importancia de seguir avanzando en el ordenamiento jurídico para lograr la protección de los ciudadanos terceros de buena fe en el ámbito del urbanismo y que situaciones como las descritas no se repitan en la comunidad.

El diputado socialista Joaquín Gómez ha recordado que AMA lleva más de 30 años reclamando derechos relacionados con las sentencias de derribo de viviendas y más de 17 años presentando iniciativas en el Parlamento, que han sido aprobadas por todos los grupos.

Concretamente, el 2 de mayo de 2017 se aprobó por unanimidad una iniciativa, ratificada posteriormente el 28 de octubre de 2019, para dar una solución definitiva a todos los afectados de derribos por parte de las administraciones públicas.

Según ha señalado, pese a los convenios firmados entre los afectados y el Gobierno de Cantabria para requerir las garantías por las responsabilidades patrimoniales pertinentes, casi cinco años después "poco se ha avanzado, al menos no lo suficiente" dado que se han ido aportando fondos anuales, pero "insuficientes" para todos los convenios firmados.

Asimismo, ha lamentado que "cada vez son menos los caminantes" dado que en estos 30 años de lucha "nos han dejado 230 de ellos --afectados--", y en la actualidad hay unas 500 viviendas las afectadas con sentencias de derribo y los afectados "después de lo que han pasado no pueden soportar mucho más tiempo".

"Lo que necesitan es una solución definitiva, la que sea, pero que no se demore más en el tiempo cuando se produzcan sentencias firmes de demolición", ha sentenciado.

Por su parte, los 'populares', que han presentado una enmienda de modificación que ha sido rechazada, han aseverado que el Gobierno "tiene intención y va a resolver esta cuestión, sí o sí", con "consenso" porque es un "problema" que lleva casi 30 años y "de interés regional".

Mientras que desde Vox han señalado que "se han equivocado tanto en el fondo como en la forma de la iniciativa", que han instado a llevarla al Congreso de los Diputados, "que tiene mayoría y que es el órgano competente"; y han censurado la "incapacidad demostrada tras la gestión de 16 años bajo el Gobierno de Cantabria".

Asimismo, pese a que consideran el primer punto de la propuesta "absolutamente inaceptable" e "irrespetuoso con el Poder Judicial", la han apoyado por "respeto" a los afectados.

Finalmente, los regionalistas han censurado que se lleva "demasiado tiempo haciendo demagogia de esta situación" y ha destacado el "trabajo" realizado en este tiempo.