El Pleno del Parlamento ha aprobado este lunes por unanimidad una moción que exige al Gobierno de Cantabria dar una solución a los propietarios de viviendas afectadas por sentencias de derribo antes de que termine la presente legislatura.
En concreto, la iniciativa, impulsada por el Grupo Popular, insta al Ejecutivo regional a cumplir y hacer efectiva la declaración institucional aprobada por la Cámara en mayo de 2017 en la que se pedía solventar el problema en esa legislatura, y otra iniciativa a la que se dio luz verde en marzo de 2019 para extender la validez de la anterior, al no haberse cumplido.
Al hilo, los grupos de la oposición -PP, Ciudadanos (Cs) y Vox- han lamentado que "dos décadas" después de que surgió el problema la Administración aún no ha dado una respuesta a los afectados, mientras que los grupos que sustentan al Gobierno autonómico, PRC y PSOE, han reconocido que la solución está siendo "más lenta de lo que todos desearíamos", pero han asegurado que se sigue "trabajando sin parar" en ello porque "lamentablemente las soluciones son complejas y las tramitaciones llevan muchísimo tiempo".
Así, mientras la oposición ha opinado que el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el regionalista José Luis Gochicoa, está "dejando pasar el tiempo" para que el asunto "no le afecte" y han lamentado que "previsiblemente finalizará otra legislatura más sin ninguna solución"; PRC y PSOE han defendido su labor y la "clara voluntad" del Gobierno para acabar cuanto antes con esta situación.
"Es muy fácil hablar cuando no se gobierna, cuando no se gestiona nada", ha dicho el diputado regionalista José Manuel Fernández Viadero, incidiendo en que ya "se han dado pasos" para solucionar el asunto. Además, ha apelado a "unir esfuerzos" entre Gobierno y ayuntamientos afectados para finalizar cuando antes el "calvario" de los afectados.
En la misma línea, el socialista Javier García-Oliva ha dicho que, escuchando a la oposición, "parece que das a un botón y la solución está ahí". Ha asegurado que el Gobierno "no va a dejar abandonados" a los afectados y ha pedido que esta situación sirva para que "no vuelva a ocurrir" y se actúe de forma "extremadamente rigurosa" en cuestiones "tan sensibles" como el urbanismo.
El 'popular' Iñigo Fernández, que ha defendido la moción, ha instado a buscar soluciones alternativas a la demolición de las viviendas siempre que sea posible y regularizarlas conforme a la ley, así como a seguir firmando convenios individualizados entre el Gobierno y los afectados, analizando caso por caso para evitar la indemnización, lo que puede ser a través de otras vías como la adaptación de la construcción a la ley o la vivienda de sustitución, que va "en beneficio de todos".
Y es las sentencias de derribo que afectan a "más de 500 familias" son un "uno de los mayores problemas de la región" tanto por ser "un auténtico drama" para los afectados como para toda la sociedad y las arcas regionales, ya que de ejecutarse todos los derribos que indican las sentencias la Administración tendría que destinar "más de 100 millones de euros" a indemnizaciones y a dar respuesta a las sentencias", ha indicado Fernández.
Por su parte, Marta García, de Cs, ha opinado que la Administración tiene la "obligación moral" de solucionar el asunto, porque fue quien generó el problema a unas familias que no tienen ninguna responsabilidad y a las que han causado "daño psicológico y económico" y han quitado "infinitas horas de sueño".
Y desde Vox, Armando Blando ha manifestado que el problema "no es prioritario para el Gobierno de Cantabria" y que está "retrasando la solución porque no tiene dinero para ella" debido a que "está desviando dinero a otras partidas como comprar la paz social, a través de entregas millonarias a los sindicatos CCOO y UGT". "Solamente con la subida que les han otorgado este año habrían cubierto el déficit acumulado del fondo de derribos", ha denunciado.
INDUSTRIA
Lo que no ha salido adelante en el Pleno ha sido una moción de Vox que pretendía que el Gobierno informe sobre el seguimiento de la Estrategia Industrial para Cantabria 2030, aprobada en 2018, una cuestión por la que ya su portavoz parlamentario, Cristóbal Palacio, interpeló la semana pasada al consejero del área, el regionalista Javier López Marcano.
Al no estar satisfecho con las explicaciones de éste, que aseguró que se estaba ejecutando dicha Estrategia a través de las políticas en materia industrial de la Consejería, Vox ha presentado una iniciativa en la que, entre otras cuestiones, se instaba al Gobierno a comparecer cada seis meses en comisión parlamentaria para informar sobre el seguimiento de la Estrategia Industrial, su grado de ejecución y logros.
También le pedía remitir al Parlamento informes completos de seguimiento y evaluación de la Estrategia desde suaprobación en 2018 y difundir en la web de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo, Transporte y Comercio y en el Portal de Transparencia de Cantabria los resúmenes de estos informes.
Por otra parte, reclamaba que, en el plazo de tres meses, la Estrategia se adaptara a la "nueva realidad económica" que afecta a Cantabria, con cuestiones como el impacto de los fondos europeos, la subida de la tarifa eléctrica o la situación de las infraestructuras de transporte en la comunidad.
Dicha moción ha sido apoyada por los otros dos grupos de la oposición (PP y Cs) pero no por PRC y PSOE, que suman mayoría absoluta, por lo que no ha sido aprobada.
UCRANIA
La sesión de esta mañana ha comenzado con la lectura de la declaración institucional que la Junta de Portavoces de la Cámara aprobada el pasado viernes, y que ya se había anunciado, por la que el Parlamento regional expresa su "condena" por el "ataque militar" de Rusia a la "soberanía e integridad" de Ucrania, ha mostrado su "solidaridad" con el pueblo ucraniano y ha solicitado una "respuesta coordinada" en el marco de la Unión Europea y la OTAN.
