El Parlamento de Cantabria ha expresado este lunes en el Pleno su rechazo a la planteado del Gobierno de España de establecer peajes en las autovías, un posicionamiento que ha contado con la única abstención del PSOE, que ha criticado que se debata y vote algo que aún es una "hipótesis" y una "idea sin desarrollar".
Pese a esta observación de los socialistas, la Cámara cántabra ha decidido pronunciarse ya de forma "clara" para que esa "idea del Gobierno no se transforme en realidad" y, además, lo ha hecho por partida doble: aprobando dos proposiciones no de ley (PNL) --una del PRC y otra del PP-- en el mismo sentido.
Ambas han salido adelante con el mismo resultado: Con los votos a favor de los tres partidos de la oposición (PP, Cs y Vox) y también con los del PRC y con la abstención del PSOE. De esta forma, los dos socios de Gobierno han vuelto a discrepar sobre un asunto en el Pleno, rompiendo su mayoritaria sintonía en el voto.
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CRÍTICAS A LA MEDIDA
El PRC y la oposición han criticado esta medida planteada por el Gobierno de España en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que remitió en abril a la Comisión Europea y la ven como un "disparate" y algo "inaceptable".
Han defendido que se trata de una medida "recaudatoria" que supone "machacar" con más impuestos a los españoles, y entre ellos a los cántabros.
"Su voracidad no tiene límites", ha reprochado al PSOE el portavoz de Cs, Félix Álvarez, quien ha denunciado que el Gobierno central ya ha subido una "decena de impuestos" y aún plantea hacer más, algo que también han censurado con comentarios similares desde el PP y Vox.
Además, la oposición y el PRC han advertido que implantar esta medida va a ir "en perjuicio de la economía", haciendo "menos competitivas" a las empresas al tener que acarrear con el coste que les supondrían estos peajes, que harían, además, según ha señalado, encarecer sus productos.
También han señalado que el hecho de implantar peajes en las autovías haría que una parte del tráfico se desplace a vías secundarias, lo que, a su juicio, supondría un aumento de la siniestralidad y más costes de mantenimiento para las comunidades autónomas que tendrían que asumirlos.
Además, los regionalistas creen que implantar peajes en las autovías es aún "más sangrante" para Cantabria y algo que la comunidad "no se puede permitir" ya que su "eje de desarrollo social, personal y económico" depende de las dos autovías que discurren por su territorio (la A-8 y la A-67).
Para el PRC y también para otros partidos de la oposición sería "inadmisible" que Cantabria, además de ser "la última" en tener autovías --20 o 25 años después que otros territorios--, tenga que pagar ahora por ellas y más cuando, según ha señalado, no tiene cubiertas sus necesidades en materia de ferrocarril.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Noelia Cobo, ha censurado que desde el Parlamento se vote ya sobre una cuestión que solo es una "hipótesis" ya que, según ha dicho, por parte del Gobierno de España, "no hay ningún plan detallado" ni un propuesta "definida".
Así, ha defendido que en lo trasladado por el Gobierno a Bruselas no hay ni previsión económica acerca de lo que puede suponer esta medida ya que no se han establecido ni tarifas ni las posibles exenciones de la misma.
Cobo ha señalado que el Gobierno de España, con lo planteado a la Comisión Europea, solo ha pretendido "abrir un debate" acerca de cómo hacer frente a la financiación en materia de carretera y al "evidente" déficit en materia de conservación de carreteras, del que ha culpado al anterior Gobierno del PP.
A su juicio, se trata de una cuestión que hay que debatir "entre todos" y ha afirmado que cuando el Gobierno tenga una propuesta "real" la llevará a las Cortes Generales.
Cobo ha criticado también que el PP se muestre tan rotundo en la propuesta del Gobierno cuando antes el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy ya solicitó en 2012 y en 2018 informes sobre la posibilidad de implantar peajes en las autovías, algo que también le han reprochado a los 'populares' desde el PRC y el PSOE.
El portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha tildado de "ridículo" este argumento ya que, según ha dicho, "se pueden solicitar informes sobre muchas cosas" pero ha insistido en que "la realidad" es que no se implantaron.
Antes de debatir sobre este asunto, el Parlamento ha votado en contra, por la mayoría absoluta de PRC y PSOE en la Cámara, de una moción del grupo mixto-Vox para instar al Gobierno de Cantabria a garantizar tanto la propiedad privada como su uso a todos los propietarios de viviendas, alojamientos o edificios en la futura Ley de Vivienda de Cantabria.
Y es que para el diputado de Vox Armando Blanco el anteproyecto de esta norma, sobre el que acaba de concluir un proceso de participación pública, "ataca directamente a la propiedad privada y a la libertad de todos los ciudadanos para poder disfrutar y decidir sobre su patrimonio" al plantearse en ella la posibilidad de expropiar el uso de la vivienda a sus propietarios para cumplir con la "función social" que en esta norma se da a la vivienda.
"Lo que pretende el PSOE con esta ley, tal cual está redactada, es que sean los cántabros los que garanticen la función social de la vivienda porque son incapaces de crear un parque de vivienda social lo suficientemente amplio para atender a todas las personas necesitadas. Lo que pretenden es obligar a los ciudadanos a realizar esa función social con su patrimonio y lo hacen con una ley amenazante, más propia de una dictadura comunista que de una democracia", ha censurado.
PP y Cs, que también han criticado algunos aspectos del borrador de la Ley de Vivienda, han votado a favor de esta moción de Vox ya que, según han señalado, lo que se pide en ella simplemente es reclamar que la norma autonómica garantice un derecho que recoge la Constitución, como es el de la propiedad privada.
En contra han votado PRC y PSOE, que han afirmado que este derecho a la propiedad privada no se ve amenazado con esta norma y creen que la iniciativa de Vox es solo una "bomba de humo" con la que busca "construir una realidad alternativa con medias verdades" y "vociferar".
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
Idéntico resultado ha cosechado una moción del PP para instar al Gobierno regional a presentar a la Cámara, en un máximo de tres meses, un plan de trabajo sobre las principales inversiones en infraestructuras educativas que se prevé realizar en lo que resta de legislatura.
Los 'populares' pedían establecer un calendario realista para la el inicio y finalización de las mismas y estimando su cuantía económica.
Y es que el PP, y también Cs y Vox, han criticado la, a su juicio, falta de planificación de la Consejería de Educación que dirige la regionalista Marina Lombó sobre infraestructuras.
El diputado del PP Álvaro Aguirre ha denunciado que, cuando queda la mitad de la legislatura, la Consejería aún no cuenta con una "hoja de ruta clara" sobre las necesidades de creación, ampliación o reparación de las infraestructuras educativas.
Así, Aguirre ha acusado a Lombó de actuar "sobre la marcha", sin desbloquear aquellas actuaciones pendientes y, a su vez, "prometiendo obras a diestro y siniestro como si de un Rey Mago se tratase" que luego no se cumplen.
Por ello, ha instado a la consejera a "poner orden" en este "desaguisado" y presentar un plan de lo que se va a hacer de aquí a final de legislatura, en qué orden y con qué cuantías, algo similar a lo que han reclamado desde Cs y Vox.
Regionalistas y socialistas han votado en contra de lo planteado por los 'populares' y han defendido la gestión de la consejera y han señalado que ésta ya ha expuesto en diversas ocasiones cuáles son sus objetivos.
Además, la regionalista Teresa Noceda ha asegurado que se está "avanzando" en materia de infraestructuras educativas y las obras "se están cumpliendo".
Así, ha defendido que en lo trasladado por el Gobierno a Bruselas no hay ni previsión ecónomica acerca de lo que puede suponer esta medida ya que no se han establecido ni tarifas ni las posibles exenciones de la misma.
Cobo ha señalado que el Gobierno de España, con lo planteado a la Comisión Europea, solo ha pretendido "abrir un debate" acerca de cómo hacer frente a la financiación en materia de carretera y al "evidente" déficit en materia de conservación de carreteras, del que ha culpado al PP.
A su juicio, se trata de una cuestión que hay que debatir "entre todos" y ha afirmado que cuando el Gobierno de España tenga una propuesta "real" la llevará a las Cortes Generales.
Antes que sobre este asunto, en la sesión matutina del Pleno, que se retomará a las 16.00 horas, se han debatido sobre otras cuestiones, como son el anteproyecto de la Ley de Vivienda de Cantabria presentado el Gobierno y las infraestructuras educativas.
LEY DE VIVIENDA
En este sentido, se ha rechazado, por la mayoría absoluta de PRC y PSOE en la Cámara, una moción del grupo mixto-Vox para instar al Gobierno de Cantabria a garantizar, tanto la propiedad privada como su uso, a todos los propietarios de viviendas, alojamientos o edificios en la futura ley.
El diputado de Vox Armando Blanco ha criticado el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno de Cantabria, un borrador que, a su juicio, "ataca directamente a la propiedad privada y a la libertad de todos los ciudadanos para poder disfrutar y decidir sobre su patrimonio" al plantearse en ella la posibilidad de expropiar el uso de la vivienda a sus propietarios para cumplir con la "función social" que en esta norma se da a la vivienda.
"Lo que pretende el Partido Socialista con esta ley, tal cual está redactada, es que sean los cántabros los que garanticen la función social de la vivienda porque son incapaces de crear un parque de vivienda social lo suficientemente amplio para atender a todas las personas necesitadas. Lo que pretenden es obligar a los ciudadanos a realizar esa función social con su patrimonio y lo hacen con una ley amenazante, más propia de una dictadura comunista que de una democracia".
PP y Cs, que también han criticado algunos aspectos del borrador de la Ley de Vivienda, han votado a favor de esta moción de Vox ya que, según han señalado, lo que se pide en ella simplemente es reclamar que la norma autonómica garantice un derecho que recoge la Constitución, como es el de la propiedad privada.
En contra han votado PRC y PSOE, que consideran que este derecho a la propiedad privada no se ve amenazado en el borrador de la norma cántabra y creen que la iniciativa de Vox es solo una "bomba de humo" con la que este partido busca "construir una realidad alternativa con medias verdades" y "vociferar".
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
Idéntico resultado ha cosechado una moción del PP que buscaba instar al Gobierno de Cantabria a presentar a la Cámara, en un plazo máximo de tres meses, un plan de trabajo en el que se detallen las principales inversiones en infraestructuras educativas que se prevérealizar en lo que resta de legislatura.
En la iniciativa, los 'populares' pedían establecer un calendario realista para la el inicio y finalización de las mismas yestimando su cuantía económica.
Y es que el PP, y también Cs y Vox, han criticado la, a su juicio, falta de planificación de la Consejería de Educación que dirige la regionalista Marina Lombó en relación a las infraestructuras educativas.
El diputado del PP Álvaro Aguirre ha denunciado que, cuando queda la mitad de la legislatura, la Consejería aún no cuenta con una "hoja de ruta clara" sobre las necesidades de creación, ampliación o reparación de las infraestructuras educativas de la comunidad autónoma.
Así, Aguirre ha acusado a Lombó de actuar "sobre la marcha", sin desbloquear aquellas actuaciones pendientes mientras se van "prometiendo obras a diestro y siniestro como si de un Rey Mago se tratase" que luego no se cumplen.
Por ello, ha instado a la consejera a "poner orden" en el "desaguisado" que, a su juicio, existe y presentar un plan de lo que se va a hacer de aquí a final de legislatura, en qué orden y con qué cuantías, algo similar a lo que han reclamado desde Cs y Vox.
Regionalistas y socialistas han vuelto a estar de acuerdo en este punto y han votado en contra de lo planteado por los 'populares'.
Así, han defendido la gestión de la consejera y han señalado que ésta ya ha expuesto en diversas ocasiones cuáles son sus objetivos.
Además, la regionalista Teresa Noceda ha asegurado que se está "avanzando" en materia de infraestructuras educativas y las obras "se están cumpliendo".
