El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una modificación de la ley autonómica de caza que agiliza la renovación de los cotos (108 en toda la comunidad) y también un cambio en el decreto de la Reserva Regional Saja para acabar con la restricción que impedía a los agentes del medio natural que son cazadores ejercer esta actividad en la comarca en la que prestaban servicio.
Tanto la modificación de la Ley de Caza, que ha partido de una proposición de ley del Grupo Popular, como la del Decreto de la Reserva Saja han salido adelante con el respaldo de los cuatro grupos parlamentarios (PP, PRC, PSOE y Vox) y con la única abstención del diputado no adscrito Cristóbal Palacio.
Con la modificación de la ley autonómica de caza, se implanta un "procedimiento simplificado" para la renovación de cotos por otros diez años cuando no existan cambios sustanciales, como por ejemplo de titularidad o superficie.
Se trata de hacer el procedimiento "mucho más ágil" y reducir la carga administrativa "innecesaria", según ha subrayado la consejera del ramo, María Jesús Susinos (PP).
Según ha indicado, hasta ahora el procedimiento y la documentación exigida para renovarlos era prácticamente idéntico que lo que se pedía para su constitución, algo que "carece de sentido" cuando no hay cambios significativos.
A su juicio, se trata de un cambio "de sentido común". "Estamos aplicando el principio de proporcionalidad, porque no es lo mismo crear un coto que renovarlo cuando nada cambia", ha defendido la consejera, que ha aclarado que "esta reforma no elimina garantías ni reduce controles".
El texto planteado inicialmente por el PP se ha visto modificado gracias a la introducción de algunas enmiendas pactadas por los cuatro grupos.
En base a éstas se establece, entre otras cuestiones, que el expediente de constitución del coto se someterá a un periodo de información pública y audiencia a los propietarios afectados por un plazo no inferior a 30 días naturales.
Además, el anuncio de apertura del trámite de información pública deberá difundirse por parte de las entidades locales afectadas a todos los propietarios y publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), incluyendo una relación de terrenos y parcelas que se pretenden acotar.
Otra introduce el derecho de un propietario de una parcela incluida en el coto a solicitar su exclusión del mismo en cualquier momento de su periodo de vigencia.
Y en cuanto a la modificación del Decreto que regula la Reserva Regional de Caza Saja, permite, según Susinos, acabar con una limitación "anacrónica y discriminatoria" que afectaba a los agentes del medio natural que además son cazadores.
Además, y gracias a una enmienda pactada por los cuatro grupos, hay cambios en el artículo de la ley que hace referencia a las condiciones específicas para las batidas de caza mayor, que se realizarán por cuadrillas de un mínimo de 25 y un máximo de 40 cazadores y en ellas no podrán participar más de 35 perros.
Todos los portavoces de los grupos parlamentarios han expresado el apoyo a esta modificación y han defendido la necesidad de llevarla a cabo para dar eficiencia a la normativa y eliminar carga burocrática innecesaria.
Desde el PRC, el exconsejero del ramo, Guillermo Blanco, ha resaltado que la enmienda firmada por los cuatro grupos "subsana un error de planteamiento" del texto que planteaba el PP para modificar el decreto de la Reserva.
Y es que, "por error o por omisión", el texto planteado por el PP se "había comido cuatro puntos" del artículo y, entre otras cuestiones, "desaparecía de un plumazo" la posibilidad de hacer extracciones de lobo mediante la modalidad de rececho y en las batidas de jabalí", algo que, sin embargo, ha quedado subsanado.
"Los cazadores somos legales, cumplimos la ley, no somos delincuentes", ha remarcado Blanco, que ha pedido normas que "protejan a los cazadores de quienes nos atacan". "Es una pequeña parte de la población pero nos atacan violentamente. Creo que modificando algunas normas podemos conseguirlo y lo podemos conseguir entre todos", ha afirmado.
LISTAS DE ESPERA SANITARIAS
El resto de cuestiones debatidas durante la sesión matutina no han salido adelante.
Por una parte, el Pleno ha dicho 'no' a una moción del PSOE en la que se instaba al Ejecutivo autonómico a estudiar y negociar en mesa sectorial la implantación de un sistema de turnos para los sanitarios con el objeto de eliminar el problema de las listas de espera.
El diputado socialista Raúl Pesquera ha denunciado que "somos la comunidad con peores listas de espera de España" y ha abogado por "buscar soluciones", "gestionar" la sanidad pública y no mandar a los pacientes a "hacerse pruebas a la privada".
En la misma línea, desde el PRC la diputada Paula Fernández ha sostenido que las listas de espera en Cantabria son "un problema grave" del sistema de salud público y ha apostado por buscar nuevos modelos organizativos.
Sin embargo, el 'popular' Miguel Ángel Vargas ha defendido el plan de listas de espera y ha subrayado que "antes no hubo ninguna medida" por parte de anteriores gobiernos.
Y respecto a la huelga de médicos que está teniendo lugar una semana al mes en defensa de un Estatuto Marco propio, ha indicado que es por "culpa de los socialistas desde Madrid" que "no se sientan a negociar con los médicos".
Mientras, Vox cree que la propuesta de implantar un sistema obligatorio de turnos de tarde "no es más que una trampa retorcida" y se ha preguntado "de dónde se va a sacar el personal para duplicar los turnos adicionales".
VOLUNTADES PREVIAS
La Cámara cántabra también ha rechazado otra iniciativa del PSOE para instar al Gobierno regional a poner en marcha, de manera progresiva y planificada, un modelo que permita la tramitación del documento de voluntades previas en los centros de salud del Servicio Cántabro de Salud (SCS), garantizando la adecuada formación de los profesionales implicados.
Según el PSOE, en 2025 se realizaron en Cantabria un total de 1.811 documentos de modalidades previas. La mayoría de los que lo hicieron optaron por hacerlo ante un empleado público, de forma presencial y gratuita en la Consejería de Salud, si bien es algo para lo que hay que desplazarse a Santander, lo que "genera una barrera" para quienes viven lejos o tienen movilidad reducida.
Sin embargo, los 'populares' han señalado que el testamento vital es algo con lo que ya cuenta la región y "no es necesario desplazarse a Santander" dado que en todos los municipios existe un registro a través de la 'ventanilla única'.
Y Vox ha censurado que esta iniciativa va encaminada a "normalizar e implantar la denominada cultura de la muerte en nuestra comunidad autónoma". Así, frente "a la eutanasia y a la cultura del descarte que promueven los impulsores de esta ley", Vox ha exigido una ley nacional de cuidados paliativos.
GAS RADÓN
También se ha rechazado, con los votos en contra de PP y PSOE y la abstención del PRC, una moción de Vox que pedía establecer un servicio de asesoría y medición gratuita del gas radón en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) y habilitar una partida en los presupuestos de 2027 para cofinanciar las obras necesarias en aquellos centros de trabajo que superen los 300 becquerelios por metro cúbico.
Desde Vox han defendido que la iniciativa era una "oportunidad" para que el ICASST se convirtiera "en una unidad técnica de combate contra el cáncer laboral". El resto de grupos han pedido que no genere "alarmismo" y han incidido en que el instituto cántabro no tiene "facultad técnica ni legal" para realizar los estudios de medición de este gas.
