El Parlamento de Cantabria convocará un pleno extraordinario el 6 de julio, fuera del periodo ordinario de sesiones -que termina el 30 de junio-, para debatir y aprobar los proyectos de Ley de Fundaciones y del Fondo de Cooperación Municipal (FCM).
Así, quedarán para septiembre, cuando comience el nuevo periodo de sesiones, los proyectos de ley de Memoria Histórica, de derechos LGTBi, y de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.
El debate sobre el estado de la región, que según el reglamento del Parlamento debe celebrarse dentro del periodo de sesiones, se ha fijado para los días 29 y 30 de junio, lo que ha trastocado la idea inicial de los grupos, que pensaban debatir los proyectos de ley de Fundaciones y del FCM en los dos últimos plenos ordinarios de junio.
Así las cosas, han acordado convocar una sesión extraordinaria el primer lunes de julio, para debatir ambas leyes, y cualquier otra iniciativa legislativa si la hubiera.
Los dos proyectos de ley, aprobados por el Gobierno a finales del año pasado, ya han sido dictaminados por la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Parlamento regional.
Al proyecto de Ley de Fundaciones se han incorporado algunas enmiendas del PP y Ciudadanos, encaminadas las primeras a corregir errores formales del texto y las de la formación naranja, a regular los supuestos de extinción de una fundación.
El texto busca facilitar la constitución y funcionamiento de este tipo de organizaciones, de las que en Cantabria hay 243, dada "su relevancia como instrumento de coparticipación de la sociedad cántabra con los poderes públicos en la acción social, cultural, científica y de otros ámbitos.
Así, se pretende impulsar la iniciativa privada a través de las fundaciones, mediante un marco "poco intervencionista", en el que se flexibiliza su régimen jurídico, simplificando actos administrativos y reduciendo los actos de control del protectorado, pero manteniendo su función de tutela como garantía de cumplimiento de la voluntad fundacional y del interés general.
La norma consta de 49 artículos, estructurados en ocho capítulos, siete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
En ellos se regula, entre otras cuestiones de organización y dotación de medios personales y materiales adecuados, los requisitos de constitución para garantizar la adecuada transparencia; el funcionamiento del patronato; la regulación de sus bienes y derechos; sus obligaciones y actividades propias; normas de contabilidad y auditoría; modificación, fusión, extinción y liquidación, así como el Registro, que otorga seguridad al tráfico jurídico en la misma medida que lo hace Registro Mercantil.
La ley incluye también una serie de disposiciones sobre temas diversos, como las fundaciones del sector público y fundaciones bancarias, que se regularán por su normativa específica, o las vinculadas a partidos políticos.
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
Por su parte, el proyecto de ley que regula el Fondo de Cooperación Municipal, dotado anualmente con algo más de 15 millones de euros a repartir entre los 102 ayuntamientos de la región, busca "blindar" la ayuda que cada año destina la administración regional a las locales, tras la supresión del fondo en la legislatura 2011-2015 por el Gobierno del PP con motivo de la crisis.
El objetivo es regular esa colaboración financiera y contribuir al equilibrio económico de los consistorios, para lo que se establece una cláusula de garantía con una dotación inicial mínima de 15.202.024 euros, sin perjuicio de futuros incrementos en las cuentas de próximos ejercicios.
Al texto se han incorporado varias enmiendas del PP, que ha conseguido introducir la obligación de actualizar la cuantía del fondo cuando el IPC sea positivo; que se haga efectivo el pago en el primer trimestre; y que cualquier modificación de los criterios de reparto del fondo debe contar con el apoyo de la Comisión de Administración Local por mayoría de dos tercios. Esta comisión está formada por representantes del Gobierno y de la Federación de Municipios.
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