La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander - Cantabria ha presentado alegaciones al decreto de las viviendas de uso turístico de Cantabria, tras denunciar la "ambigüedad" de la normativa y advertir del "grave" problema de acceso a la vivienda en la región.
Varios miembros de la PAH se han concentrado este viernes ante la sede del Gobierno para denunciar la "grave problemática" de acceso a la vivienda para quienes residen en la región, que actualmente se encuentra con precios "desorbitados" debido, a su juicio, del "apremiante interés especulativo de destinar las viviendas principalmente al uso turístico".
"La vivienda es un derecho de primera necesidad, no un bien de mercado", han trasladado desde la plataforma, que ha registrado sus correspondientes alegaciones ante la apertura del trámite de consulta pública a la redacción del decreto por el que se regulan las viviendas de uso turístico en el ámbito de la comunidad autónoma, cuyo plazo finalizará el 16 de abril.
La PAH ha censurado la "ambigüedad" de la normativa con la que se pretende regular las viviendas turísticas en Cantabria y, "siguiendo el ejemplo de otras comunidades como Canarias", han registrado alegaciones "antes de que sea demasiado tarde", confiando en que "sean tenidas en cuenta".
En concreto, la PAH pide la elaboración de un censo "preciso" por parte de los ayuntamientos y el Gobierno autonómico que incluya la oferta de las viviendas destinadas al alquiler de temporada.
Asimismo, exige una solicitud a los ayuntamientos de carácter obligatorio para poder alquilar una vivienda por temporadas o estancias cortas, así como grabar con un "impuesto ecológico" a las viviendas que destinen su uso para alquileres turísticos, pudiendo realizarse mediante aumentos del IBI.
También solicita una ratio máxima de viviendas o locales que se pueden destinar a pisos turísticos por municipios y barrios, teniendo en cuenta su población, sus servicios públicos y especialmente si se trata de una zona tensionada.
Así, defiende que se establezca un número máximo de viviendas que un propietario, físico o jurídico pueden tener en un mismo municipio destinadas al alquiler turístico al mismo tiempo; así como las normas que deben cumplirse relativas a la habitabilidad y de convivencia vecinal en este tipo de alquileres.
Además, aboga por promover los alquileres de larga duración mediante bonificaciones fiscales graduales, según la duración del contrato, a los propietarios.
La plataforma sostiene que la "problemática" de acceso a la vivienda es "muy grave" y requiere "intervenciones serias y directas cuanto antes".
"Si el alquiler turístico no se regula adecuadamente ni se interviene desde el Gobierno acabará convirtiendo a Cantabria en una comunidad donde primarán las viviendas con dicho uso frente a los alquileres de larga duración. El turista estará por encima del ciudadano", ha criticado.
La presidenta de la PAH, Antonia Luengo, ha advertido que "si no se aplican medidas contundentes para proteger el derecho a la vivienda, las cántabras y los cántabros se van a ver expulsados de nuestra región al no tener dónde vivir por no poder pagar el alto precio del alquiler de una vivienda".
Finalmente, desde la plataforma recuerdan que "llevan meses" solicitando una reunión con el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, Roberto Media, "por ahora sin ninguna respuesta", por lo que han pedido reunirse con el director general de Vivienda, Carlos Montes, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. "Queremos que nos escuchen", han dicho.
