Una mujer pide 4 años a un hombre por estafarle 56.000 euros para una vivienda que no se terminó

La Fiscalía pide el archivo al considerar que no existe ilícito penal porque se trata de un incumplimiento civil

La Audiencia de Cantabria celebrará este jueves el juicio a un hombre que se enfrenta a cuatro años de cárcel por estafar a una compradora de la que recibió 56.600 euros para la construcción de una vivienda que no se llegó a terminar.

La vista oral empezará a las 10.30 horas en la Sección Primera, por delitos de estafa y falsificación de documento privado, que solo imputa la acusación particular, ya que la Fiscalía pide el sobreseimiento al considerar que no existe ilícito penal porque se trata de un incumplimiento civil.

Según el escrito de la representación de la afectada, el acusado hizo "uso de la apariencia de solvencia" de su empresa, dedicada al "diseño de sistemas constructivos novedosos", con publicidad en varios sitios webs "de supuestas construcciones terminadas" y "en condiciones económicas muy ventajosas".

De este modo, "captó el interés y voluntad" de su representada, consiguiendo "con promesas de muy corto plazo de ejecución, de solo cuatro meses, y un muy bajo precio, de solo 63.000 euros" que la mujer le abonase 56.600 euros.

Explica la acusación que el implicado falsificó la firma del arquitecto en la solicitud de licencia "para aparentar diligencia y poder cobrar", y ni citó a los técnicos al replanteo, ni emplazó la construcción en lugar hábil para su destino, ni se invirtió en ella íntegramente el dinero percibido.

Por eso, entiende que el acusado y su mercantil han cometido un delito de estafa en concurso con un delito de falsificación en documento privado, subrayando "la especial gravedad atendiendo a la situación económica en que deja a la víctima, superar los 50.000 euros, haberse aprovechado de su supuesta credibilidad empresarial y haber falsificado la firma del arquitecto".

La pena solicitada asciende a cuatro años de prisión y doce meses de multa, mientras que para la empresa pide una pena mínima del doble de la cantidad defraudada, así como la suspensión de sus actividades o la prohibición de ejercitar en el futuro actividad. En concepto de responsabilidad civil, solicita el abono de una indemnización a la afectada de 56.600 euros.