La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha pronosticado unas "relaciones difíciles" con Vox en el Gobierno de Castilla y León, y ha asegurado que el Gobierno de España "estará atento" e "intentará garantizar" que "no se dé un paso atrás en ningún derecho adquirido en democracia".
Así se ha pronunciado Morant hoy en Santander a preguntas de la prensa sobre la entrada de Vox en el Ejecutivo de Castilla y León.
La ministra ha afirmado que el Gobierno de España considera "una verdadera anomalía" que el Partido Popular haya propiciado que la extrema derecha vuelva a un gobierno donde no ha tenido cabida desde la democracia.
Una "anomalía" porque "rompe con toda la tendencia que existe en Europa", ha dicho, y ha puesto como ejemplo las recientes elecciones francesas, donde "el homólogo al Partido Popular francés pide el voto para Macron", que es socialista, no para la extrema derecha de Marine Le Pen.
Ha insistido en que los distintos partidos europeos del centro derecha "ponen cordones sanitarios" a la ultraderecha, mientras aquí el PP les "abre las puertas de lado a lado".
Además, ha sostenido que se trata de una "muy mala noticia para la ciudadanía" porque, según su opinión sobre las declaraciones del vicepresidente de CyL, Juan García-Gallardo (Vox), "ataca el estado democrático, el estado de las autonomías, el concepto de Europa, derechos fundamentales y, en definitiva, ataca a nuestra democracia".
Frente a ello, ha asegurado que el Gobierno de España "va a estar atento a lo que pase en Castilla y León" e intentará garantizar que "no se dé ningún paso atrás en ningún derecho adquirido por la sociedad en estos años de democracia".
Morant también ha dicho que su Ministerio tendrá que abrir nuevas relaciones con el Gobierno de CyL, que no cree que serán fáciles porque Vox es "negacionista: niega la ciencia, el progreso, la innovación...".
Pero ha insistido en que el Gobierno de España "estará para garantizar el progreso y ayudar a las empresas de Castilla y León y sus ciudadanos, para que esto no signifique un retroceso y no afecte ni a la ciudadanía ni a las empresas".
La ministra se ha pronunciado así a preguntas de los medios tras reunirse con el presidente y el vicepresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga, en la sede del Ejecutivo.
