La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, ha calificado de "histórico y profundamente social" el texto del Proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, que incluye novedades como el tratamiento de situaciones "anómalas" que supongan un incumplimiento de la función social de la vivienda, como la regulación de la vivienda vacía, infravivienda y vivienda sobreocupada.
Para detectar y acreditar el uso inadecuado de viviendas y las medidas para corregirlo se pondrá en marcha un registro de viviendas deshabitadas que deben haber sido declaradas previamente vacías. También se podrá declarar la inhabitabilidad o la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad.
La consejera ha hablado del proyecto de ley, que se aprobó la semana pasada en el Consejo de Gobierno y ahora debe afrontar la tramitación parlamentaria, durante la reunión del Observatorio de Vivienda y Suelo que ha tenido lugar hoy en el Palacio de Festivales.
Gómez de Diego ha resaltado que recoge "un amplísimo conjunto de iniciativas que facilitan la incorporación al mercado de más viviendas en alquiler asequible y medidas que promueven la movilización de la vivienda vacía".
El texto define por primera vez la función social de la vivienda y define expresamente los conceptos de vivienda vacía, infravivienda o vivienda sobreocupada.
"A través de esta ley nos obligamos los poderes públicos y al Gobierno de Cantabria a tener una estrategia clara para el acceso a la vivienda, aumentar la oferta de vivienda de alquiler, la reducción del número de viviendas vacías e incentivar actuaciones de regeneración urbana y la rehabilitación de edificios bajo criterios de accesibilidad y eficiencia energética", ha resumido.
La nueva ley permitirá contar con una base legal para poder luchar "contra los problemas que ocasiona que sea exclusivamente el mercado el que decide quién tiene acceso a la vivienda y quién no, a quiénes expulsa y a quién no, cuando se trata de una necesidad vital de la que va a depender el desarrollo de otros derechos".
La norma se asienta sobre tres pilares básicos: favorecer el acceso a la vivienda en alquiler como medio de acceso universal a la vivienda, de manera que pueda adaptarse a las situaciones socio económicas de las personas a lo largo de su vida y nadie quede en situación de exclusión por no tener acceso a un crédito; fomentar la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana como una fórmula para optimizar recursos y preservar los recursos naturales; y proteger a los sectores con mayores dificultades en acceder a una vivienda mediante la ampliación del parque público de alquiler.
El texto normativo, que ahora pasa al Parlamento de Cantabria para su aprobación, prevé también la puesta en marcha de herramientas para promover la transparencia y profesionalización del sector inmobiliario, para lo que contempla la creación del Registro Autonómico de Agentes Inmobiliarios con el fin de garantizar la protección de los consumidores y el Registro Autonómico de Arrendamiento de Viviendas para el control de los contratos de arrendamiento.
Con el mismo fin se establecen los requisitos que debe cumplir la publicidad e información en la oferta de viviendas en venta o arrendamiento, así como el proceso de venta de viviendas o de alquiler. Se crea el registro autonómico de arrendamientos de viviendas para el control y conocimiento de los contratos de arrendamiento.
Igualmente, la ley crea el marco de desarrollo de las actuaciones de rehabilitación y de renovación y regeneración urbana, un campo "prioritario".
El documento recoge asimismo la obligación por parte del Ejecutivo de definir una estrategia de vivienda cada cinco años.
Gómez Diego ha explicado que esta ley detalla los principios y objetivos de la acción pública en materia de vivienda, así como el régimen competencial de las administraciones implicadas en llevarlo a cabo. Unas políticas que quedarán plasmadas en un Plan de Vivienda dirigido a favorecer el acceso a la vivienda en alquiler, ampliación del parque público de alquiler y la promoción de la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana.
CARÁCTER SOCIAL
Se presta una atención especial y se regulan las posibilidades de acceso de las personas en situación de riesgo o vulnerabilidad, con la propuesta de que se elabore un Plan de rehabilitación y ampliación del parque público de vivienda autonómico, con posibilidad de que puedan establecerse convenios con entidades sin ánimo de lucro o privadas para la gestión de alojamientos dotacionales o de las viviendas.
Además, en las zonas de mercado residencial tensionado, la Administración autonómica podrá imponer la obligatoriedad de la construcción de viviendas de alquiler asequible en todas las reservas de suelo del entorno.
