La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este miércoles, a partir de las 10.00 horas, a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija, de diecisiete años, durante el confinamiento, y para el que la Fiscalía solicita una pena de prisión de ocho años y medio.
El juicio se iba a celebrar a finales del pasado mes de octubre, pero se suspendió al aportar la defensa nuevas pruebas, en concreto unas conversaciones que supuestamente mantuvieron vía Whatsapp el procesado y la víctima tras los hechos -entre el 15 de septiembre de 2021 y hasta el 25 de enero de 2025-, en las que se refleja la relación "normal y fluida" que mantienen ambos, así como que el padre "la ayuda económicamente", según esta parte.
El magistrado admitió la prueba, no sin antes advertir que podría abocar al implicado a otro procedimiento penal por quebrantamiento de una medida cautelar, pues estaría vulnerando la prohibición de acercamiento y comunicación con su hija.
DENUNCIA EN JULIO DE 2020
Según el ministerio público, los hechos ocurrieron durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-19, cuando el acusado, "con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos, realizó de forma reiterada actos de contenido sexual contra la voluntad de la perjudicada".
En su escrito, el fiscal describe que, en el inicio del confinamiento, en un momento en el que el padre se encontraba con su hija en el sofá "le realizó tocamientos en sus partes íntimas por encima de la ropa" y seguidamente "le introdujo dedos en la vagina". "Este hecho se repitió al menos en dos ocasiones con la oposición abierta de la menor, que empujaba a su padre", añade.
Además, en el periodo final del confinamiento, el acusado, "al menos en dos ocasiones distintas, se metió en la cama con su hija, le quitó el pijama, se puso un preservativo y la penetró vaginalmente".
La joven, de diecisiete años, presentó denuncia en julio de 2020 y precisó apoyo psicológico y psiquiátrico por un síndrome compatible con trastorno adaptativo. Además, "presenta un sentimiento de orfandad psicológica que genera actitud defensiva" y sufre como secuela un estrés postraumático "leve".
Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito continuado de abuso sexual --según la legislación vigente en el momento de los hechos-- merecedor de ocho años y medio de prisión, ocho de libertad vigilada, otros tantos de alejamiento y prohibición de comunicar con su hija, así como 10.000 euros de indemnización por los padecimientos ocasionados a la joven.
