Los juzgados y tribunales de Cantabria ingresaron en el segundo trimestre de este año un total de 17.816 nuevos asuntos, un 17,6 por ciento menos que en el mismo periodo de 2022, y la tasa de litigiosidad fue de 30,27 asuntos registrados por cada mil habitantes, inferior a la del conjunto de las comunidades autónomas, que se situó en 37,80.
También descendió el número de asuntos resueltos en ese periodo por los órganos judiciales cántabros, con un total de 17.186, el 19,4 por ciento menos, lo que representa el 96 por ciento de los recibidos, la segunda tasa de resolución más elevada del país.
Estos datos han sido dados a conocer hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha precisado que a la hora de valorar los resultados hay que tener en cuenta que en este trimestre confluyen dos elementos "distorsionadores" que han producido efectos distintos.
Así en algunas comunidades se ha producido la admisión "masiva" de procedimientos que habían quedado pendientes debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia del primer trimestre de 2023, lo que ha causado un incremento mayor en el ingreso de asuntos.
Al mismo tiempo, la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia del segundo trimestre del año ha provocado una retención de procedimientos que han quedado sin repartir en los servicios comunes de registro y reparto, como ha sido el caso de Cantabria.
Por otro lado, a 30 de junio los asuntos en trámite eran 35.816, lo que supone un incremento del 7,6 por ciento respecto a 2022, por debajo de la media nacional, con un aumento del 17 por ciento.
Así, la tasa de pendencia -que pone en relación los asuntos que permanecen en trámite al final del periodo con los que salieron del juzgado-, sigue estando en Cantabria por debajo de la media: 2,08 frente a 2,25.
La tasa de congestión, al igual que la de pendencia, arroja cifras que colocan a Cantabria por debajo de la media del país y se sitúa en 3,06, frente a una media nacional de 3,24.
Además, durante el periodo analizado los órganos judiciales cántabros dictaron 16.964 resoluciones finales, entre sentencias (5.865), autos (7.309) y decretos (3.790), menos que las dictadas un año antes (21.165), lo que puede deberse a la huelga de funcionarios.
Así, los decretos disminuyeron un 30,06 por ciento, los autos un 19,69 por ciento y las sentencias un 11,7 por ciento.
CALIDAD DE LA JUSTICIA
También hoy se ha publicado el informe Indicadores Clave del segundo trimestre del año, que analiza diversos indicadores que permiten apreciar la calidad de la Justicia.
En el caso de Cantabria el informe revela que la duración media estimada de los procedimientos en primera instancia es de 7 meses, frente a una media nacional del 7,3; y en segunda instancia se sitúa en 6,9 meses, superior a la media del conjunto del país, de 6,7 meses.
Además, cada miembro de la carrera judicial recibió durante el segundo trimestre una media de 225,52 asuntos (331,5 a nivel nacional), y dictó una media de 74,24 sentencias (73,1 a nivel nacional).
De las sentencias dictadas que fueron recurridas en apelación, se confirmaron el 72,3 por ciento, mientras que de las sentencias de órganos cántabros que se elevaron al Tribunal Supremo en casación se confirmaron el 93,2 por ciento.
