La Memoria Judicial de Cantabria correspondiente al año 2022 recoge entre las necesidades que tienen los órganos judiciales de la comunidad la creación de nuevos juzgados en Santander y San Vicente de la Barquera, la incorporación de una cámara Gesell o la dotación de más profesionales para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, ha trasladado estas peticiones como algunas de las más urgentes a los portavoces de los grupos del Parlamento, donde ha comparecido este martes en la Comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa para dar cuenta de la Memoria Judicial correspondiente al pasado ejercicio --aprobada el pasado mes de abril--.
En ella, el sector pide un nuevo juzgado de primera instancia para el partido judicial de Santander, un segundo juzgado de primera instancia e instrucción para el de San Vicente de la Barquera y dos plazas de magistrado para la Audiencia Provincial, una destinada a las secciones civiles y otra a las penales.
Asimismo, reitera la necesidad de que las sedes judiciales de Santander y Torrelavega cuenten con una sala Gesell --que permite tomar testimonios de víctimas menores de edad en un ambiente lomenos invasivo posible-- y de que se arbitren medidas para eliminar definitivamente la demora en la emisión de los informes de los equipos psicosociales en la zona centro y oriental de Cantabria.
Respecto al IMLFC, la Memoria pone de relieve que su plantilla se mantiene invariable desde 2005, mientras que la que la planta judicial en Cantabria desde entonces se ha incrementado en diez órganos jurisdiccionales.
Asimismo, y dentro de este ámbito del Instituto de Medicina Legal, apunta la necesidad de aumentar la dotación de la Unidad de Valoración Forense Integral, que actualmente da cobertura a toda la comunidad y solo cuenta con dos profesionales.
La propia Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', prevé que estas unidades sean reforzadas, ha recordado el presidente del TSJC, que ha reconocido que esta norma ha sido polémica y ha supuesto una "sobrecarga" de trabajo porque ha implicado la revisión de sentencias de casos de abusos sexuales pero también "tiene cosas buenas", como la mayor atención a las víctimas.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Y es que uno de los asuntos que más preocupan al poder judicial es el aumento de las denuncias por violencia de género, que ha crecido en 2022 un 17% y sigue en aumento. Además, "casi la mitad de los procedimientos termina en sobreseimiento" porque se retiran las denuncias o las víctimas no quieren declarar.
En este periodo se enjuició a 60 personas por este motivo y la mayoría de los delitos corresponden a "violencia de baja intensidad", pero para López del Moral son "tan relevante" como los de gran intensidad porque "normalmente es un inicio".
El presidente del TSJC ha señalado que puede que este tipo de delitos crezcan tanto porque "afloran las denuncias" que antes no ponían las víctimas, pero "no se conforma" con ese dato. Además, ha remarcado que ha habido casi 500 quebrantamientos de las condenas de prohibición de acercamiento.
También ha destacado que la Oficina de Asistencia a las Víctimas, ubicada en Santander, atiende a muchas personas que no residen en la capital y "no puede haber una justicia a dos velocidades", por lo que ha apostado por ampliar su sede a otros partidos judiciales grandes como el de Torrelavega o por formar a los funcionarios para que las usuarias reciban "la misma atención" en cualquier punto.
Otra de las necesidades del poder judicial es la renovación de los profesionales, ya que Cantabria tiene una plantilla "envejecida" con casi un 20% de personal que ha cumplido los 60 años y las consecuentes jubilaciones. Además, en "muchos órganos" hay insuficiencia de plantilla, ha destacado López del Moral.
El presidente del Tribunal cántabro ha hecho un repaso de la situación de la Justicia en un contexto de "clara transformación", en torno al que espera que las leyes que se iban a tramitar en el Congreso y que han quedado caducadas, como la de eficiencia digital, se retomen una vez se forme el nuevo Gobierno central.
LENTITUD DE LA JUSTICIA
Además de los cambios a los que debe adaptarse la Administración de Justicia, ha puesto de manifiesto que la situación de los juzgados aún sigue "lastrada" por el retraso que generó la pandemia y las huelgas.
Algo que se quiere resolver con refuerzos de personal, como el TSJC ya trasladó a la Consejería de Justicia en una reunión que mantuvieron en septiembre.
De hecho, la Memoria recoge que, si bien los ciudadanos reconocen la buena labor del personal del ámbito jurídico, la mayor crítica que hacen es la "lentitud" de la Justicia, algo con lo que López del Moral coincide. "Realmente tenemos una justicia lenta".
Así, otro de los asuntos en los que ha incidido sobre la Memoria es la revisión de las cláusulas suelo, pues a lo largo de 2022 ha habido 12.500 sentencias y quedan 4.200 expedientes pendientes de tramitar, que son atendidos por cinco jueces. En este sentido, el presidente del TSJ ha defendido que podría haberse habilitado otro método para resolverlas en lugar de llegar a este ámbito, pues el 90% son estimatorias.
DATOS
A nivel global, López del Moral ha detallado que los tribunales cántabros ingresaron a lo largo del año pasado un total de 79.520 asuntos, un 2,7% más que en 2021; y resolvieron 76.664, un 1,8% menos. Así, la tasa de resolución se situó en el 0,96%, prácticamente la misma que a nivel nacional.
Mientras, la tasa de pendencia, que pone en relación los asuntos que permanecen en trámite con los que ya salieron del juzgado, sigue estando por debajo de la media, 0,48 frente a 0,53; al igual que la tasa de congestión, que pone en relación el total de asuntos por resolver y los que se resuelven, que se encuentra en el 1,46 frente al 1,52 de España.
Tras la exposición del presidente del TSJC, los grupos de la Cámara -PP, PRC, PSOE y Vox- han reconocido la "gran labor" de la Administración de Justicia y algunos portavoces han mostrado su preocupación por asuntos como la lentitud de los procedimientos, la 'okupación' o la necesidad de implantar avances en digitalización.
