La Junta de Personal Funcionario del Gobierno de Cantabria (TU, CCOO, SIEP, CSIF y UGT) ha denunciado que los servicios sociales están "en vías de privatización" puesto que el Ejecutivo "está poniendo en manos de empresas externas la gestión e incluso la atención a usuarios de la dependencia".
En este sentido, ha indicado que la última actuación ha sido la encomienda a una empresa externa de la gestión de expedientes administrativos del área de la dependencia, en su opinión, "como continuación a una estrategia que ya se ha aplicado en la contratación de servicios de enfermería".
En un comunicado, la Junta ha afirmado que los centros de dependencia del Gobierno cuentan con un colectivo sanitario "cada vez más reducido y agotado". Unas "deficiencias de personal" que la Junta viene denunciado desde hace tiempo, pero la Administración, "lejos de buscar soluciones, ha perpetuado el deterioro".
Dichos centros presentan unas cartas de servicios y carteleras de personal, aprobadas por el Gobierno de Cantabria, que se vienen incumpliendo sistemáticamente, según los sindicatos, lo que "pone en claro riesgo la atención de las personas dependientes que en ellos deben ser atendidas".
El resultado de la "manifiesta falta de personal sanitario" en estos centros se ha traducido en aumento "desmedido" de horas fuera de jornada, jornadas adicionales, etcétera.
Además, el Gobierno de Cantabria "se niega a abonar las horas extras efectuadas y solo acepta compensarlo con horas lo que no hace sino agravar el problema", hasta el punto que hay turnos en los que no hay personal de enfermería o está por debajo de los mínimos pactados anualmente en los calendarios, según la Junta.
Al respecto, ha enfatizado que en estos momentos se deben "cientos de horas" al personal de enfermería por tiempo trabajado fuera de su jornada habitual "por la ineficacia de la Administración en la contratación de personal".
Los sindicatos temen que esto suponga "una puerta abierta a la externalización" de los servicios socio-sanitarios en general y de enfermería en particular, "como parece está ocurriendo ya en alguno de nuestros centros", caso del CAD Sierrallana, que ha cubierto estas deficiencias mediante la contratación de una empresa privada, lo que les lleva a preguntarse si "estamos ante la continuación del plan que se inició en 2012 con el cierre del centro de La Pereda".
La Junta de Personal de Funcionarios ha denunciado que "esta deriva que debe revertirse de inmediato", ha exigido que la Administración se avenga a sentarse a negociar soluciones y esté dispuesta a aplicarlas "con toda urgencia".
Para los sindicatos, "no es admisible" que no se adopten todas las medidas posibles para completar las plantillas de estos centros, y subrayan que estas deficiencias "han de ser abordadas de inmediato antes de que el deterioro de la situación nos aboque a adoptar otras medidas".
