El juez ha vuelto a desestimar la petición de la UTE Ascan-Geaser de adopción de medidas cautelares a la resolución dictada por el Ayuntamiento de Santander declarando la emergencia del traspaso del contrato del servicio de basuras a Cespa.
Así se ha pronunciado la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, que ha rechazado de nuevo la petición de Ascan, que ya había pedido medidas cautelarísimas para evitar el traspaso del servicio, que Cespa empezará a prestar a partir de esta medianoche.
La semana pasada el Juzgado desestimó las medidas cautelarísimas solicitadas por la que era adjudicataria del servicio de basuras contra el proceso de contratación de emergencia a la nueva empresa y concedía al Consistorio un plazo de cinco días para presentar alegaciones.
Según el auto no existe la "urgencia necesaria" para tramitar las medidas cautelarísimas que pide Ascan-Geaser con la intención de que no se haga efectivo el traspaso a la nueva adjudicataria este 11 de noviembre.
Además, apunta que el Ayuntamiento resolvió adjudicar a la empresa Cespa la prestación por emergencia del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras el 13 de octubre y se lo comunicó a Ascan-Geaser el día 25, y "a pesar de la urgencia que se invoca se espera al 2 de noviembre para presentar la medida cautelar".
En concreto, la UTE pedía suspender el acuerdo y ordenar que se le notifique íntegramente o subsidiariamente la anulabilidad de la resolución notificada el 13 de octubre "por no contener el texto íntegro", pero el Juzgado señala que "puede obtenerse después" porque "los defectos de notificación son subsanables, son de ineficacia y no de invalidez".
Ahora, el mismo Juzgado rechaza la paralización del proceso y considera que "no se acredita la producción de perjuicios irreparables en caso de no suspenderse" el traspaso entre empresas y que Ascán "invoca defectos que, en caso de existir, serían subsanables" al ir contra el contrato de emergencia que el Ayuntamiento ha firmado con Cespa.
La magistrada, que impone las costas a la empresa recurrente, también remarca que el interés en ejecutar el cambio de adjudicataria "es innegable al ser el objeto del contrato la prestación de un servicio público de limpieza pública viaria".
