Izquierda Unida ha presentado alegaciones a la Ley de Vivienda para "blindar" su condición de derecho subjetivo frente a la "privatización y ladrillazo" del PP, "que sólo piensa en el negocio", y que "se ha entregado al rescate rentista", el "castigo" a los inquilinos y a la "obsesión ocupa" del consejero del ramo, Roberto Media.
Ese "blindaje" de la vivienda como derecho frente a la "rendición incondicional" del PP a "inmobiliarias, fondos buitre, constructoras y rentistas" se materializa en medidas, detalladas en la treintena de alegaciones de IU, que apuestan por un "auténtico" parque público de vivienda, basado fundamentalmente en el alquiler, en el que las viviendas protegidas no pierdan nunca esa calificación y en el que la gestión esté "totalmente vetada" al sector privado y la especulación, según ha repasado ante la Oficina de Vivienda Israel Ruiz Salmón, recién reelegido como coordinador de la formación de izquierdas.
En declaraciones a los medios, ha advertido de las "graves omisiones" de la Ley, que no ha incluido a los inquilinos como colectivo preferente de acceso a la vivienda pública, centrándose en los desahucios de hipoteca, "en una política que evidencia la evasión de la realidad que tiene en materia de vivienda un PP que parece desconocer que la mayoría de los desahucios se producen contra inquilinos".
Las "omisiones" se extienden al impacto de las viviendas turísticas en la subida de precios, "a estas alturas una obviedad que sólo ignora el Gobierno de Cantabria". "¿Cómo se puede hablar de políticas de vivienda hoy día sin hablar de las viviendas de uso turístico?", ha inquirido Ruiz Salmón.
Además, ha advertido de que el "ansia privatizadora" del PP se extiende "a todos los puntos posibles" de la política de vivienda: no sólo en la cesión de suelos a empresas por 75 años, sino en la emisión de informes de inspección, que podrán hacer "expertos anónimos" ajenos a la Administración y que "los cántabros no podrán conocer quiénes son".
"Con esta Ley, el Banco Santander, grandes fondos" u otros "podrían hacer informes de inspección sobre el estado de la vivienda en Cantabria", ha alertado Ruiz Salmón.
Junto a las "omisiones y sesgos anti-inquilinos", el coordinador de Izquierda Unida ha expuesto varias "aberraciones" de la Ley, como "que las subvenciones a rentistas afectados por la ocupación se saquen del fondo para ayudar a las víctimas de desahucios", con la "llamada a la delación ciudadana de casos de ocupación, saltándose jueces y policía" o "la posibilidad de que el Gobierno pague la seguridad de las viviendas vacías".
LAS ALEGACIONES
En sus alegaciones, Izquierda Unida expone, frente a la apuesta "incontrolada" por la construcción masiva, la necesidad de enmarcar la política de vivienda dentro de la política territorial y urbanística de Cantabria, con una construcción "racional", ante el "fracaso en la apuesta por pervertir" el suelo rústico.
Sobre todo, se concibe la vivienda como un derecho ciudadano, por tanto, sujeto a reclamación y exigencia efectiva de su cumplimiento ante la Administración.
El Parque de Vivienda será de gestión total pública y concebido para toda la población, no sólo para las situaciones de vulnerabilidad. La pata fundamental será el alquiler social, evitando que se pierda patrimonio público al permitirse que las VPO se acaben vendiendo, y se expulsa de su gestión al sector privado especulativo, como fondos, inmobiliarias o promotoras.
Habrá intervención en el mercado de suelo, limitación de los precios del alquiler con la declaración de zonas tensionadas, y un canon a las viviendas desahabitadas durante más de dos años, de gestión municipal y de 10 euros por cada metro cuadrado útil y año, que se incrementará un 10% por año que permanezca en dicha situación, sin que pueda superar tres veces el importe inicial.
"Frente a la intervención del mercado que hace el PP en favor de la especulación, el rentismo y el afán privatizador, en IU defendemos una gestión 100% pública en favor del común de los mortales y de las personas y colectivos más vulnerables", ha añadido Ruiz Salmón.
Las alegaciones de Izquierda Unida extienden los colectivos de acceso preferente a las políticas de vivienda pública, que para el PP excluían a los desahucios por alquiler, los mayoritarios. Y las abren a otras situaciones, como las familias monoparentaes, las personas refugiadas o los jóvenes migrantes que abandonen la tutela de la administración por alcanzar la mayoría de edad.
