Izquierda Unida (IU) ha llevado al Congreso de los Diputados, a través de su diputado Toni Valero, las reivindicaciones de los docentes de Cantabria sobre su adecuación salarial.
Tras la reunión que mantuvo la semana pasada en Santander con la Junta de Personal Docente, Valero ha registrado varias preguntas escritas dirigidas al Ministerio en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes de la Cámara baja, de la que es portavoz por el Grupo Plurinacional de Sumar.
En su escrito, el diputado de IU traslada el "enrocamiento" de la Consejería de Educación (PP) tras la petición de los sindicatos docentes de adecuación salarial después de más de una década en la que su salario fue congelado y la pérdida de poder adquisitivo. La propuesta docente pasa por una actualización que ascienda a los 325,66 euros, de forma escalonada, para el período 2025- 2027, y ha tenido una última contrapropuesta del consejero, Sergio Silva, de 100 euros.
En la exposición de motivos, IU también alude a la proposición --ya retirada por la Consejería-- de condicionar una parte del salario mediante un complemento que premie a quien no use permisos o licencias durante el curso escolar por motivos de enfermedad o deba cuidar a parientes o familiares dependientes.
"Esta penalización, además de saltarse la linealidad que se propone en la adecuación salarial desde la Junta de Personal Docente, suponía castigar, precisamente, a quien lo está pasando peor por causas que nadie desea, como un cáncer", argumenta el coordinador de IU en la comunidad, Israel Ruiz Salmón.
En su opinión, "desde la Consejería de Educación están alargando el proceso artificialmente, a pesar de que la adecuación salarial es una realidad objetiva que debe materializarse y que cuenta con el respaldo de la comunidad educativa".
Para Ruiz Salmón "es fundamental para garantizar el buen funcionamiento del sistema que uno de sus pilares, la plantilla docente, realice su trabajo en condiciones laborales óptimas y sin agravios comparativos".
Finalmente, en sus preguntas al Ministerio, IU inquiere sobre qué medidas ha tomado el Gobierno central para evitar la pérdida de poder adquisitivo del personal docente en el sistema educativo público y bajo qué criterios considera que las consejerías de Educación deben negociar las actualizaciones salariales.
