Izquierda Unida (IU) ha denunciado la externalización por parte del Gobierno de Cantabria de la Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria, por un importe de 110.719 euros, lo que, según la formación, "despoja de facto" de su función "más prioritaria" al futuro Consejo Asesor de Cambio Climático.
El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, ha señalando esta "incongruencia" al mostrar una "total desconfianza" por la labor de la plantilla de la Administración Pública y reducir "aún más" la participación de la sociedad en el Consejo.
Según ha explicado en un comunicado, esta externalización de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se produce justo cuando ha acabado el proceso de alegaciones al Decreto del Consejo Asesor de Cambio Climático, Economía Circular y Bioeconomía, que incluye como una de sus funciones "informar con carácter previo a su aprobación sobre el proyecto de Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria".
Te invitamos a que te descargues nuestra APP, 100% gratuita: para iPhone: https://apps.apple.com/us/app/ifomo-noticias/id1559815168 para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opennemas.ifomo
"Haremos un esfuerzo importante por obviar que esta Estrategia está anunciada desde el comienzo de legislatura y, casi dos años después, parece que entran las prisas por una mala planificación de la Consejería y del Gobierno en su conjunto, que tiene el gatillo flojo cuando se trata de encargar a otros que hagan su trabajo", ha apuntado.
Para Ruiz Salmón, el decreto, al que IU, UGT, CCOO o la CEOE han presentado alegaciones, "ya venía viciado" al reservar una mayoría de sus miembros al Gobierno y cargos políticos (22 más la presidenta del Consejo Económico y Social, nombrada por el Gobierno), frente a una "representación mínima" de la sociedad y los sectores científicos, técnicos y ambientalistas, "que se espera en un órgano consultivo de estas características y dada la materia en cuestión".
En concreto, hay 18 miembros de la sociedad: dos de la Universidad de Cantabria, tres de los agentes sociales, dos de organizaciones agrarias, cinco de los Grupos de Acción Local, dos de los Grupos de Acción Costera, dos de colegios profesionales y dos de organizaciones ecologistas.
"¿Qué sentido tiene un Consejo de este tipo si, de entrada, no hay independencia del poder político de turno ni tampoco autonomía jurídica y económica y, de tres funciones que se prevén, le cercenas la prioritaria?", se ha preguntado Ruiz Salmón.
Las otras dos funciones que prevé el Gobierno para este nuevo Consejo es ejercer de observatorio, "proponiendo las medidas que se estimen convenientes para el cumplimiento de sus objetivos, e informando las evaluaciones periódicas y las revisiones de las mismas", así como "promover la información, participación y sensibilización ciudadana en materia de lucha contra el cambio climático y transición ecológica en Cantabria".
IU considera "insuficientes" y "poco claras" estas funciones, para lo que ha propuesto 21 objetivos funcionales. Además, frente a la "composición partidista impuesta por el Gobierno", IU propone que el futuro Consejo tenga mayoría científica, social y ambientalista.
"Las formas y el fondo con que abordan uno de los principales retos que tiene Cantabria y toda la sociedad en su conjunto, la crisis climática, muestra claramente que, o no está en sus prioridades, o no tienen la menor idea de que cómo afrontarlo", ha sentenciado.
