Empleados públicos temporales de toda España se concentran este jueves frente a las delegaciones y subdelegaciones del gobierno en 40 ciudades, entre ellas Santander, para denunciar el "uso abusivo" de las contrataciones temporales que, en su opinión, sufren por parte de sus administraciones empleadoras, "que incumplen sin sanción la norma española y el Derecho Comunitario que protege a todos los trabajadores y previene el uso abusivo de los contratos de duración determinada".
En Cantabria, los sindicatos USO, TÚ y ASIJ apoyan a estos trabajadores en situación de fraude de ley y la concentración que se celebrará a las 12.00 horas ante la Delegación del Gobierno en Cantabria en la que se leerá un manifiesto de denuncia que también se registrará. Además, los convocantes esperan ser recibidos por la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones.
En un comunicado, los tres sindicatos han denunciado que, desde hace más de 20 años, las administraciones públicas recurren bien a contratos temporales de larga duración o a la concatenación de contratos temporales de corta duración para cubrir necesidades que no son provisionales y urgentes, sino permanentes y estables.
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Este hecho, según las organizaciones, constituye un abuso de la contratación temporal, prohibido por la Directiva 1999/70/CE, "que se sigue incumpliendo impunemente en nuestro país".
Aunque la ministra de Función Pública, Carolina Darias, y el secretario de Estado, Francisco Hernández Spínola, han defendido públicamente la necesidad de terminar con esta situación, según los sindicatos pretenden hacerlo, entre otras medidas, mediante ofertas de empleo de estabilización de plazas, no de personas, "confundiendo los sistemas de acceso a una Administración de la que ya formamos parte con la estabilización en el empleo como sanción al abuso cometido por la Administración".
Las concentraciones de este jueves reclaman que la Administración cumpla con la normativa vigente; que ejerza funciones de inspección y control de legalidad sobre sus propias contrataciones temporales; y que se ponga fin al despido libre y gratuito.
Igualmente piden la paralización de las ofertas de empleo que incluyan plazas ocupadas por personal temporal hasta su control de legalidad; y que se sancione el abuso, mediante regularización administrativa de las víctimas, con su estabilidad en el empleo, respetando las normas que impiden cesar al personal temporal cuando no concurren las causas de cese vinculadas a la contratación temporal.
