Las campañas y actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo en 2019 en Cantabria permitieron aflorar 11,3 millones de euros en fraudes y sanciones así como regularizar la situación laboral de un total de 3.695 empleados, por distintas causas y en diversas actividades, especialmente dentro del sector servicios.
Se trata de un balance "muy satisfactorio", que mejora los datos del ejercicio anterior y que han sido facilitados este lunes en rueda de prensa por la consejera de Empleo del Gobierno regional, Ana Belén Álvarez, al término de la reunión anual de las administraciones autonómica y estatal con los agentes sociales para dar cuenta de los mismos.
En su comparecencia ante los medios, junto al director territorial de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez, la responsable de la Consejería ha detallado que la mayoría de los 11,3 millones aflorados -7,3 millones- se corresponden con liquidaciones a la Seguridad Social, mientras que los 4 millones restantes tienen que ver con sanciones.
Y de los casi 3.700 empleados cuya situación laboral se regularizó el año pasado a raíz de las inspecciones realizadas, Álvarez ha indicado que esa situación obedece a muchos supuestos, como 'falsos autónomos', contratos a jornada parcial cuando se trabaja a tiempo completo o temporales cuando deberían ser indefinidos, becarios que no lo son o no estar dados de alta, extremo este último en el que se encontraban 715 personas.
La también titular de Políticas Sociales ha valorado la labor de la Inspección -compuesta por diez inspectores y 16 subinspectores en la Comunidad Autónoma- como una herramienta "fundamental" para luchar contra el fraude y la precariedad, y se ha comprometido a intensificar la vigilancia de la normativa laboral para perseguir conductas que "lesionan los derechos" de los trabajadores.
Asimismo ha prometido impulsar medidas que combatan el "abuso" de la contratación temporal, las horas de trabajo no remuneradas y el incumplimiento de las condiciones pactadas en los convenios colectivos, que "perjudican gravemente" tanto a los empleados como a las empresas que cumplen sus obligaciones, que son "la mayoría", y a las que "las infractoras hacen competencia desleal".
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