La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río (PP), entiende la "inquietud" ciudadana por la habilitación de centros de acogida de menores migrantes no acompañados en diferentes municipios de la región, como el último conocido en Castro Urdiales, pero llama a la "calma".
"Entiendo esta inquietud, pero yo llamaría a la calma, como lo hemos hecho en otros municipios en los que hay estos tipos de recursos. Llamaría a la calma y que la gente no se deje engañar por bulos, por alarmas injustificadas", ha pedido la responsable del ramo a preguntas de los periodistas este lunes, un día después de que Castro alberga dos concentraciones con motivo de la casa de acogida, una a favor y otra en contra.
El centro, habilitado por el Ejecutivo regional, fue anunciado por la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), unas semanas después de la polémica generada en torno al implantado en Cartes y la oposición al mismo de la regidora, la socialista Lorena Cueto, que intentó paralizar su apertura y llegó a amenazar con cortar suministros -luz o agua- y precintar el edificio.
Al respecto, la consejera no es partidaria de mencionar los municipios en los que se ubican estos centros, pues en otros en los que se han habilitado y no se han dado a conocer "no ha surgido ningún tipo de problema". Y además, ha añadido que el mandato legal de proteger a los menores "va de la mano con la discreción y la integración".
Al hilo de lo anterior, ha indicado que en estos centros -habilitados en distintos municipios de toda Cantabria con servicios educativos, deportivos o de integración- hay unos "grandes profesionales" que acompañan a los jóvenes y niños acogidos para que se integren, desde el punto de vista educativo y del mercado laboral también, labor que como ha destacado desarrollan "con amplia experiencia y responsabilidad".
"Por eso llamaría a la calma, porque hay estos recursos en otros municipios de Cantabria y nosotros seguiremos igual: trabajando por proteger a estos menores, pero al mismo tiempo denunciando que esto no es como se deben hacer las cosas, sino que se tiene que planificar, organizar y establecer una política migratoria clara y precisa", ha explicado Gómez del Río.
Al respecto, ha reiterado que el traslado de menores extranjeros a Cantabria viene "impuesto" por el Gobierno central y se lleva a cabo "sin planificación" ni "organización". Por eso, ha justificado que la administración autonómica ha acudido a los tribunales para recurrir la normativa "impuesta" por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los traslados a esa comunidad autónoma.
Pero, entre tanto, "llegan niños y niñas, y nosotros tenemos que protegerlos. La obligación es protegerlos", ha puntualizado la titular de Inclusión Social, que ha vuelto a avisar de que la red de protección de menores en Cantabria tiene "límites" y de hecho ya "estaba agotada" antes de estos traslados.
De ahí la necesidad de ampliarla, algo que se va a hacer pero, según ha apuntado, con centros "pequeños", en los que se pueda lograr la "plena integración" de estos menores, con casas o viviendas de emergencia que acojan a un máximo de 18 niños y jóvenes.
Finalmente, cuestionada por la posible vinculación de los lugares donde se están implantando estos hogares con un hipotético aumento de la violencia, la consejera se ha remitido al informe de la Fiscalía, según el cual "no hay relación directa" entre el incremento de incidentes y los menores, y ha aprovechado para volver a llamar a la "calma".
Gómez del Río ha hecho estas declaraciones cuestionada por los medios de comunicación en la inauguración de las jornadas 'Tiempo Mujer 2026' en Torrelavega.