El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado la reclamación de un vecino de San Vicente de la Barquera y ha ordenado al Ayuntamiento que entregue la documentación pública relativa al nombramiento, contratación o cualquier vínculo jurídico del asesor jurídico municipal, J.A.S.B., así como las funciones desempeñadas y las partidas relacionadas con su prestación de servicios.
La resolución del CTBG, difundida este jueves y consultada por esta agencia, da a la administración municipal un plazo de 20 días hábiles para facilitar la información requerida por el ciudadano. Deriva de la falta de respuesta institucional ante la solicitud de información pública formulada en noviembre de 2025.
Y es que según el Consejo, el Consistorio no contestó entonces a la petición inicial, ni tampoco atendió después el requerimiento de alegaciones efectuado por la autoridad administrativa independiente durante la tramitación del expediente.
Ahora, el Ayuntamiento deberá aportar información sobre el vínculo jurídico o contractual que permite al asesor municipal prestar servicios desde el 10 de junio de 2023, incluyendo contratos, acuerdos, resoluciones, encomiendas de gestión, partidas presupuestarias y funciones efectivamente desempeñadas.
Según la documentación aportada al Consejo de Transparencia con motivo de la presente reclamación, este tipo de personal cesa automáticamente cuando lo hace la autoridad que lo nombró, circunstancia que se habría producido en junio de 2008, sin que conste un nuevo nombramiento, contrato o procedimiento de licitación para su continuidad.
La resolución del CTBG pone fin a la vía administrativa y contra la misma solo cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en este caso en el plazo de dos meses y ante la Audiencia Nacional.
