El Gobierno de Cantabria ha negado que la directora general de Función Pública, Isabel Barragán, haya vulnerado "ninguna ley", como sostiene Vox, al que ha pedido que "deje de mentir" y decir "infamias".
Así ha respondido, en un comunicado, el Ejecutivo regional después de que Vox haya pedido la dimisión de Barragán por incurrir en lo que, a juicio de este partido, es un "caso de libro de conflicto de intereses" al, supuestamente participar activamente en un proceso selectivo para un cargo --el de jefe de Servicio de Administración General-- para el que fue designado finalmente su marido, Luis Fernando Olaiz, quien tras acceder a esa plaza fue nombrado director general de Presupuestos.
Y es que, según Vox, la propia Barragán convocó el concurso de méritos para la provisión de, entre otras, este plaza de jefe de servicio; nombró a la comisión que valoró las candidaturas y firmó la resolución por la que se le otorgaba ese puesto a su marido.
EL GOBIERNO RETA A VOX A LLEVAR EL CASO A LOS TRIBUNALES
Frente a estas acusaciones, el Ejecutivo ha garantizado que la actuación de Barragán en el concurso de méritos resuelto en febrero de 2022 fue "absolutamente intachable y ajustada a derecho", por lo que ha atribuido las acusaciones "infundadas" del parlamentario a"un intento desesperado de difamar al Gobierno, en la búsqueda de réditos electorales".
"No es verdad que la directora de Función Pública vulnerara la ley", ha recalcado el Ejecutivo, quien ha retado al portavoz de Vox a acudir a los tribunales "si de verdad aprecia el más mínimo indiciode una infracción", aunque también ha augurado que "no lo hará", porque "es abogado y sabe perfectamente que no hay caso".
El Ejecutivo cree que Palacio "miente y lo sabe". De hecho, ha cuestionado que haya esperado hasta hoy para "enfangar" un concurso deméritos celebrado hace más de un año y resuelto "conforme al exclusivo criterio de la comisión de valoración constituida al efecto", formada íntegramente por jefes de servicio y subdirectores de la Administración regional y en la que no participó ni la directora de Función Pública, "ni ningún otro cargo político".
"El señor Palacio puede seguir buceando en el Boletín Oficial de Cantabria y retrotraerse en el tiempo todo lo que quiera, pero pierde el tiempo y dará en hueso, porque la gestión ha sido en todo momento intachable", ha agregado el Gobierno de Cantabria.
Asimismo, ha explicado que la directora de Función Pública es en este momento "la única persona con competencias" en la Administración de Cantabria para convocar un concurso de méritos, pero --dice el Ejecutivo-- "no interviene para nada" en su desarrollo, que corresponde "en exclusiva" a la comisión de valoración, en la que únicamente pueden participar funcionarios con categoría igual o superior a la del cargo a adjudicar y "en ningún caso representantes políticos".
Del mismo modo y una vez resuelto el concurso, el Gobierno ha insistido en que "su papel se limita a firmar la resolución por laque entra en vigor la decisión de la referida comisión de valoración".
"Por lo tanto y con independencia de la participación de cualquier familiar en un proceso selectivo, no hay lugar para tratos de favor".
Finalmente, ha resaltado que "ninguno" de los aspirantes descartados en dicho concurso de méritos presentó "ni una sola reclamación", algo que, a juicio del Ejecutivo, "habría sucedido de producirse cualquier sospecha de infracción de la legalidad".
