lunes 23/5/22

Gobierno y Fiscalía avanzan en el decreto de la oficina fiscal que será negociado en octubre con los sindicatos

La consejera de Justicia y la fiscal superior presiden la reunión de la Comisión mixta y destacan la colaboración en la modernización de la administración judicial

El Gobierno regional y la Fiscalía Superior de Cantabria han abordado este martes el despliegue de la futura Oficina Fiscal en la Comunidad Autónoma, un nuevo modelo organizativo que la Consejería de Justicia plasmará en un decreto y cuyo primer borrador ya fue presentado a los sindicatos a comienzos del verano.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha anunciado que su departamento retomará las negociaciones con los sindicatos el próximo mes de octubre para alcanzar un acuerdo en las condiciones de trabajo de los empleados públicos y ha avanzado que supondrá "importantes mejoras" para la prestación del servicio público.

Así lo ha indicado la consejera tras presidir, junto a la fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Pilar Jiménez, la Comisión Mixta entre ambas instituciones, en la que se ha analizado además el funcionamiento de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito y el sistema de gestión procesal Vereda, entre otros asuntos.

Sobre la Oficina Fiscal, Paula Fernández y Pilar Jiménez han coincido en la necesidad de "desvincular" el desarrollo de la Oficina Fiscal de la Judicial, porque es un "proyecto más asumible" a corto plazo y una "necesidad imperiosa", en palabras de la fiscal superior.

Por su parte, la consejera de Justicia ha señalado que la nueva Ley de Eficiencia Judicial, que prevé un nuevo diseño judicial con tribunales de instancia y oficinas de justicia municipales permitirá "tramitar de forma independiente la Oficina Fiscal".

Según ha dicho, el Gobierno buscará el "máximo consenso" en el decreto y ha señalado que la iniciativa está dirigida a la modernización de la justicia e irá acompañada de una mejora de medios tecnológicos y personales.

En la reunión, se ha abordado un avance importante en el proceso de digitalización del expediente judicial como es el sistema de grabación de las vistas, y las mejoras de medios informáticos que se han realizado en Fiscalía. Asimismo, en materia de medios personales, se ha reforzado la plantilla del Ministerio Fiscal en Cantabria con dos nuevos funcionarios.

OFICINA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Por otro lado, el Gobierno de Cantabria y la Fiscalía Superior han analizado el funcionamiento de la Oficina de atención a las víctimas por delitos, que ha incrementado este año sus medios el Complejo Judicial de Las Salesas.

Ambas instituciones han coincidido en la importancia de este paso para prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas.

Fernández Viaña ha afirmado que el Ejecutivo regional pretende seguir avanzando junto a la Fiscalía para consolidar el modelo de atención asistencial desde la Oficina de atención a la víctima.

En este punto, Jiménez ha añadido la importancia del nuevo diseño de la oficina para la atención a las víctimas de cualquier tipo de delito y no sólo a las de violencia de género. En concreto, ha valorado la atención prestada de acompañamiento y respaldo a las víctimas dentro de los edificios judiciales.

CONTROL DE CALIDAD DE VEREDA

Respecto al sistema de gestión procesal Vereda, la fiscal superior ha resaltado su funcionamiento y, en concreto, el grupo de trabajo creado para verificar y controlar la calidad y el buen funcionamiento del sistema.

Estos trabajos "están resultando muy útiles para detectar errores y perfeccionar el funcionamiento del sistema", ha remarcado.

Durante la Comisión, se ha valorado el grado de integración de la Fiscalía de Cantabria en el proceso telemático y el proceso de modernización de la justicia.

En 2020, los fiscales cántabros realizaron 10.138 firmas electrónicas y presentaron por este sistema 194.786 notificaciones, 16.751 informes y 2.583 calificaciones.

Por último, han analizado el sistema de apoyos y equipos multidisciplinares para la atención de las personas con discapacidad y facilitar su acceso a la Administración de Justicia.

En esta reunión también han estado presentes el director general de Justicia del Gobierno cántabro, Pablo Ortiz, y fiscales pertenecientes a la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Francisco Moreno y Raúl Martínez.

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