La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha explicado que la reorganización del servicio de ayuda a domicilio y la atención a cuidadores en el entorno familiar que ha llevado a cabo su departamento ha supuesto eliminar 6 contratos que "se entendía que ya no son necesarios", aunque se va a reforzar el personal que va a prestar esta labor desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).
Según ha explicado, tras analizar cómo se prestaban los servicios "nada más llegar a la Consejería" se detectaron "duplicidades y una serie de trámites que retrasaban la atención" que necesitan las personas dependientes, y por ello se ha creado la Unidad para la Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia refundiendo en ella los trabajos que antes se prestaban desde servicios diferentes.
En concreto, el programa de Servicio de Ayuda a Cuidadores en el Entorno Familiar (SACEF), el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), el de Teleasistencia Domiciliaria (TAD) y la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF).
Según la consejera, la nueva Unidad va a gestionar la prestación de ayuda a domicilio "de forma integral", con lo que las personas que hacen uso del servicio y sus cuidadores "se va a beneficiar claramente".
"Se ha desarrollado un procedimiento en el que va a ser mucho más rápida la prestación de este servicio", ha respondido Gómez del Río a preguntas de la prensa sobre esta reestructuración después de que su Consejería la anunciara ayer y la oposición, en concreto el PSOE, denunciaba que se habían "recortado" puestos.
En este sentido, la consejera ha aclarado que lo que se ha hecho, al igual que en el resto de áreas del Gobierno desde la llegada del PP, ha sido "simplificar y agilizar la prestación de los servicios públicos".
Además, ha señalado que ahora van a ser los funcionarios del ICASS los que "van a tener más relación con la administración del servicio", por lo que "se está trabajando en reforzar los puestos de trabajo" de este organismo.
REVISIÓN DE LAS AYUDAS A LA DEPENDENCIA
La titular de Inclusión Social ha hecho estas declaraciones tras la rueda de prensa que ha dado este miércoles para dar a conocer un convenio con el Colegio de Farmacéuticos, en la que, también a preguntas de los medios, ha aclarado que no van a ser los empleados de Tragsa los que se ocupen de los expedientes de las ayudas a la dependencia que la Consejería va a revisar, "gran parte al alza".
Según ha explicado, revisar esas prestaciones ha supuesto "un incremento de trabajo notable al ICASS", para el que se pretendía contratar más personal pero "no había bolsa de funcionarios".
Por ello, y dado que esperar a que se crearan estas bolsas "iba a suponer un retraso en los expedientes", la Consejería ha decidido "temporalmente" hacer un encargo a la empresa pública Tragsa para "rellenar datos" y facilitar la labor de los funcionarios, que tendrán que revisar si se cumplen los requisitos pero "ya tienen una labor previa hecha".
Esto, ha defendido, permitirá trabajar "de forma más ágil" gracias a un contrato excepcional a un medio propio, algo que "se hace en todas las administraciones".
Finalmente, la consejera ha mostrado su total apoyo al acuerdo alcanzado entre PP y PSOE a nivel nacional para cambiar de la Constitución el término "disminuido" y sustituirlo por "persona con discapacidad", algo que, a su juicio, era necesario y "tenía que haberse hecho antes".
