El Gobierno de Cantabria inicia los trámites para adjudicar la revisión del Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria y definir las actuaciones de cara a los próximos años. En materia de abastecimiento, prevé invertir más de 12,3 millones en actuaciones en la presente legislatura.
Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), quien, en relación a la revisión del Plan, ha señalado que ya se están tramitándose los pliegos para adjudicarla.
Por ejemplo, se va a ejecutar en Meruelo un nuevo depósito regulador de la zona oriental de la Autovía del Agua, que supondrá una inversión de 3,5 millones; se van a renovar los sistemas de abastecimiento de Castro Urdiales y Cabezón de la Sal y además se va a ampliar la estación de tratamiento de agua potable de Santillana del Mar, con un coste de 1,5 millones en cada una de estas actuaciones, entre otras.
También se está ejecutando la conexión del depósito de Argoños y del de Noja a la Autovía del Agua, que supondrá una inversión de 1,7 millones.
Y a corto plazo, el Ejecutivo mejorará el abastecimiento en Astillero y Villaescusa a través de la ejecución de nuevos ramales que se conectarán a la autovía del agua, una actuación que beneficiará a unos 22.000 vecinos y que se prevé ejecutar el año que viene y se van a comenzar a redactar los proyecto, con un coste de un millones.
OFICINA FISCAL
Por otra parte, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha anunciado que, si en un mes no se aprueban las leyes nacionales de eficiencia en la Justicia el Gobierno regional comenzará a negociar y trabajar para implantar en Cantabria la oficina fiscal.
Si por el contrario, estas leyes se aprueban de forma "inmediata", tal y como ha asegurado afirma el Gobierno central, actualmente en funciones, el Ejecutivo "esperaría" para poder abordar de manera conjunta la implantación de las oficinas judicial y fiscal.
En respuesta a una interpelación del PRC sobre los criterios del Gobierno sobre la implantación de la oficina fiscal, Urrutia ha explicado que el Gobierno se ha dado un mes por "prudencia" y a la espera de ver "si se vislumbra el futuro de la legislatura a nivel nacional" a la vista de la actual situación política, cuando se está en pleno proceso de investidura y no se conoce aún el resultado.
En este sentido, Urrutia ha afirmado que este jueves, 19 de octubre, la Consejería trasladará a los sindicatos de justicia su propuesta de que si en un mes la legislatura se da por terminada y estas leyes de eficiencia quedan sin aprobar, el Gobierno de Cantabria, una vez disueltas las Cortes Generales, comenzaría a negociar, en el seno del Pacto por la Justicia, con los sindicatos y resto de actores implicados la implantación en solitario de la oficina fiscal.
Urrutia ha señalado que este plan del Gobierno es conocido ya por la fiscal superior de Cantabria, María Pilar Jiménez.
La consejera ha defendido que la oficina fiscal es una "prioridad absoluta" del Gobierno de Cantabria. Sin embargo, ha reconocido que su implantación "no sería inmediata" y podría demorarse más de nueve meses o incluso del año dado que el anterior Ejecutivo regional dejó sin aprobar ni tramitar los decretos de funcionamiento de la misma.
Mientras que el PRC defiende que debería implantarse de forma conjunta las oficinas fiscal y judicial, y no por separado, Urrutia entiende que "una y otra opción tienen pros y contras".
Y es que, según Urrutia, acometer la implantación de las dos a la vez supone "optimizar esfuerzos", pero cree que ello retrasaría más la puesta en marcha de ambas, quedando "relegada", según ha dicho, la oficina fiscal.
En cambio, si se trabaja en solitario en la oficina fiscal, se podría poner en marcha antes, aunque como "contra" estaría la "oposición sindical" que quiere que la implantación de ambas oficinas se aborde de forma conjunta.
