El Gobierno de Cantabria ha aclarado que la gratuidad para los Cercanías en la comunidad autónoma a partir de 2024 afectará a los usuarios habituales, manteniendo, según lo previsto, el actual sistema de abonos.
El Ejecutivo regional ha hecho esta precisión después de que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), a preguntas de los medios de comunicación, señalara que "creía" que esa gratuidad iba a ser para todos los usuarios.
Pese a todo, aún está todo por definir y el Gobierno tiene que trabajar ahora para articular la fórmula por la que se extenderá en el tiempo la gratuidad de la que ahora se benefician los usuarios habituales hasta que lleguen los nuevos trenes, algo que está previsto que ocurra en 2026.
Dicha extensión de la gratuidad fue una de las medidas acordadas ayer, lunes, entre el Ministerio de Transportes y las comunidades de Cantabria y Asturias para compensar el problema que ha habido con los trenes que tenían que llegar a estos dos territorios y el retraso que sufrirá su entrega por el error en el cálculo de sus dimensiones.
En el acuerdo suscrito ayer por el Ministerio y los presidentes de Cantabria y Asturias, Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón, respectivamente, esta medida se recoge de la siguiente manera: "extender la aportación económica actual para la gratuidad de las Cercanías ferroviarias en Asturias y Cantabria más allá del 31 de diciembre de 2023 y hasta la entrega de las unidades de trenes pendientes en el contrato en curso. Para ello, el Ministerio habilitará a través de los Presupuestos Generales del Estado sendas partidas económicas de aportación a la financiación del sistema de transporte público de Asturias y Cantabria, para aplicar las correspondientes bonificaciones y mejoras en la prestación del servicio".
El presidente de Cantabria cifró esta mañana en unos 5 millones de euros al año la aportación que tendrá que hacer el Estado a la comunidad autónoma para extender esta gratuidad. De esta manera, y teniendo en cuenta que los nuevos trenes no llegarán hasta 2026, Revilla indicó que la aportación que tendría que hacer el Gobierno central sería de unos 15 en tres años.
Dicha aportación se articulará a través de partidas en los Presupuestos Generales del Estado.
