El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco (PRC), ha asegurado que la empresa pública MARE ha iniciado una "nueva etapa" en la que se está poniendo solución a las "numerosas irregularidades" detectadas en el pasado y en la que prima la "transferencia".
Así, la "etapa de oscurantismo" ya "forma parte del pasado" y ha dado pie a un "tiempo nuevo" para "aportar soluciones, por muy enquistados o antiguos" que estén los problemas de gestión, que datan desde 2008, según recogen los informes de la Intervención General del Gobierno.
Así lo ha dicho Blanco durante la comparecencia que ha ofrecido en el Pleno del Parlamento de este miércoles a petición de Ciudadanos (Cs) para informar de dichas irregularidades, en la que ha incidido en que el Ejecutivo está "dando una respuesta adecuada" a los problemas detectados. De hecho, ha remarcado que las medidas que marcó el informe de la auditoría para corregir la situación ya están en un grado de cumplimiento del 88%.
"No hemos parado de trabajar". "Estamos concluyendo el trabajo para restaurar el buen nombre de una empresa muy importante para Cantabria", ha dicho tras las críticas de los partidos de la oposición (PP, Cs y Vox), que han denunciado que el Gobierno no ha actuado para recuperar el dinero abonado mediante pagos indebidos y que, tras conocer las irregularidades, tardó "dos años" en pararlas.
Al hilo, Blanco ha manifestado que "el reto no ha sido fácil" y que la complejidad de la gestión ha exigido "revisar uno a uno los expedientes de la plantilla desde 2008", en un momento además marcado por la pandemia.
Además, han cuestionado cómo se va a actuar para recuperar esas cantidades pagadas de forma indebida, que los grupos han cifrado en 1,3 millones de euros -de los que solo se podrían recuperar 300.000 porque la ley solo permite reclamar a los trabajadores lo recibido en el último año, según han indicado-, algo a lo que el consejero ha respondido que se hará lo que dicte el Tribunal de Cuentas cuando éste se pronuncie.
Lo mismo ha señalado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que también ha abordado en la sesión de hoy el asunto de MARE en respuesta a preguntas de Vox, asegurando que el Gobierno está actuando "conforme a la más estricta legalidad" y está a la espera de la resolución del Tribunal de Cuentas, que "no tardará en llegar".
Y dado que el portavoz del partido, Cristóbal Palacio, ha acusado al Ejecutivo de "malversación" a través de la empresa pública y "sobresueldos" -una palabra que PRC, PP y PSOE han rechazado porque "no aparece en ninguna auditoría, ya que éstas hablan de "pagos indebidos" o "erróneos"-, Revilla ha invitado al diputado a que acuda a los tribunales para probarlo.
"A mí no me han llevado a las Salesas -la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria- nunca ni creo que me lleven, porque actúo conforme a la legalidad más estricta. Si yo tuviera la constancia de que alguien malversa voy a los tribunales. Usted está amenazando todo el día, vaya a donde tiene que ir", ha sentenciado.
Y es que Palacio y el portavoz de Cs, Félix Álvarez, han sido los más críticos con el asunto de MARE y han denunciado de nuevo que los tres partidos que han tenido responsabilidades de gobierno, PRC, PP y PSOE, rechazaran crear una comisión de investigación para esclarecer esta gestión, algo que regionalistas y socialistas han argumentado señalando que "no tendría ningún sentido" haberla creado sin escuchar primero las explicaciones del consejero y del director gerente de la empresa pública, que comparecerá este jueves en el Parlamento.
"Todos sabíamos que manejaban esta empresa pública como si fuera su chiquipark. Todos sospechábamos o sabíamos cómo se elegían los directores generales, directivos y Consejo de Administración", ha asegurado el portavoz naranja.
Además, Cs y Vox han exigido que se busquen responsabilidades civiles y penales ahora que se tiene "claro" que ha habido irregularidades durante las últimas cuatro legislaturas y "al parecer parte del dinero se va a perder". "Queremos saber qué paso, por qué y quién lo permitió".
Mientras, desde el PP Isabel Urrutia ha lamentado el "linchamiento" que estos dos partidos han hecho contra los trabajadores de la empresa y ha "echado en falta" una mayor defensa de ellos por parte del Gobierno, algo que el consejero de Medio Ambiente ha rechazado asegurando que los ha defendido "desde el primer momento".
No obstante, la 'popular' se ha unido a Cs y Vox en la crítica a la transparencia del Ejecutivo y en el hecho de no haber parado antes las irregularidades. Al respecto, ha apuntado que la Intervención señala que "a pesar de conocer" la existencia de esos pagos la Dirección actual los "siguió haciendo".
Por contra desde los partidos que sustentan al equipo de Gobierno, los portavoces de PRC y PSOE, Ana Obregón y Javier García-Oliva, han explicado que se ha actuado "sin perder ni un momento" pero que los procedimientos "no son para nada sencillos", además de que "está siendo debidamente fiscalizado".
"DAR CAÑA" AL GOBIERNO
Y han lamentado que la oposición ha aprovechado este tema para "dar caña" al Ejecutivo, ofreciendo una "imagen de descontrol de las empresas publicas que no es nada beneficiosa en general, ni para el Gobierno, ni para Cantabria ni para los trabajadores", a los que han defendido porque ellos "no han hecho nada" y si han recibido pagos indebidos tendrán que devolverlos cuando estime la Justicia.
En este sentido se ha pronunciado también la consejera de Justicia, la también regionalista Paula Fernández, quien preguntada igualmente por Vox sobre el tema ha pedido al partido que "esté muy tranquilo" porque se ha remitido copia de todos los informes al Tribunal de Cuentas. "En este asunto se está haciendo todo lo que se tiene que hacer", ha zanjado.
