El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se regula una subvención de concesión directa de 1,6 millones de euros a 183 centros de atención a la dependencia de Cantabria con estancias concertadas, vinculada al incremento del coste de la energía y de los suministros a consecuencia de los efectos económica de la guerra de Ucrania.
Esta ayuda se suma a la actualización de los precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para atención a personas en situación de dependencia que se ha aprobado recientemente con el objetivo de "mejorar las condiciones laborales de las más de 6.000 empleadas y empleados que trabajan en este sector en Cantabria".
Así lo ha señalado la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, que ha apostado por "fortalecer el sistema de cuidados" y ha señalado que los Servicios Sociales son el cuarto pilar del Estado de Bienestar y es "obligación de las administraciones garantizar el acceso a ellos de todos los ciudadanos".
La orden, que se publicará hoy en un Boletín Oficial de Cantabria (BOC) extraordinario, recoge ayudas directas a cada uno de estos centros, calculadas conforme a una fórmula matemática que pondera el peso e intensidad que tienen los gastos no atribuibles a personal en cada una de las tipologías de los centros de atención a la dependencia y de las necesidades de las personas atendidas en dichos centros. Se valora el número de días por año en que se prestan los servicios, el número medio de usuarios y la intensidad de la atención.
El objetivo de las ayudas, que cada entidad debe solicitar en un plazo de 10 días, es paliar las consecuencias que la crisis inflacionaria tiene en la facturación de los centros con estancias concertadas y promover la continuidad de prestación de este servicio a los usuarios.
La consejera ha reiterado que Cantabria es la única comunidad autónoma que recoge por ley la actualización de los precios públicos acorde con las actualizaciones salariales previstas en los convenios colectivos, lo que se suma a unos presupuestos para 2023 que tienen "una mirada especial" a las políticas de atención a la autonomía personal y a la dependencia, con 96 millones que van para las estancias concertadas, que se destinan a los usuarios y a apoyar a más de 6.000 personas que trabajan en el sector.
Una partida que se incrementa un 13% para seguir ampliando las plazas concertadas, poder asumir los incrementos salariales de las trabajadoras del sector y mejorar la ratio de las profesionales en los centros de atención y residencias, ha destacado, añadiendo que la legislatura se inició con cerca de 6.700 plazas concertadas en residencias y centros de día, hoy son 7.990 y la previsión es superar las 8.000 en 2023.
