El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado durante el mes de octubre seis acuerdos con Cantabria, Cataluña, Extremadura (tres acuerdos) y Navarra para evitar llevar al Tribunal Constitucional normas sobre las que existían conflictos competenciales.
En el caso de Cantabria, el acuerdo se refiere a la ley de entidades locales menores. El Ejecutivo central ha anunciado que el Gobierno cántabro ha asumido el compromiso de promover la modificación legislativa de los artículos 10.4 y 12.4 de la ley en su próxima ley de medidas y acompañamiento para el 2023.
Con Cataluña, el departamento que dirige Isabel Rodríguez ha anunciado un acuerdo en el mes de octubre sobre el decreto que modifica la ley de consultas populares no referendarias y otras formas de participación para no interponer recursos de inconstitucionalidad sobre ciertos preceptos.
En concreto, ambas administraciones han coincidido en interpretar que la que en la iniciativa institucional prevista en el artículo 4.3.f de la ley, la referencia a los "intereses" está conectada con las competencias de la Generalitat de Cataluña y tiene el alcance fijado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Asimismo, ambas partes coinciden en interpretar que las convocatorias de las consultas populares no referendarias de ámbito territorial supramunicipal a las que se refiere el mencionado precepto tienen por objeto recabar la opinión de las personas legitimadas sobre una determinada actuación, decisión o política pública que pertenezca al ámbito propio de las competencias autonómicas de la Generalitat de Cataluña, sin afectar, por tanto, a las competencias de los entes locales ni vulnerar tampoco la autonomía local.
Con Extremadura uno de estos acuerdos es sobre el decreto de medidas urgentes de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica, solventando las dudas competenciales relacionadas con el artículo 3, el apartado primero de la disposición adicional segunda y el apartado segundo de la disposición adicional segunda.
En cuanto al decreto que regula la actuación de la Junta y se establecen medidas urgentes en respuesta a los desplazamientos de personas por razones humanitarias a causa de la guerra en Ucrania, medidas urgentes de contratación pública y medidas fiscales de Extremadura, ambas partes han acordado un compromiso sobre la disposición adicional única.
Y, sobre la ley de medidas ante el reto demográfico y territorial, ambas partes también han solventado lo que tiene que ver con las discrepancias en cuanto a los apartados segundo y cuarto de la disposición.
El decreto navarro que adopta medidas urgentes en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, también ha sido sometido a un acuerdo, extinguiendo el precepto objeto de la controversia.
