El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este jueves la resolución por la que se abrirá el trámite de consulta pública previa respecto a la futura Ley de Simplifcación Administrativa de la comunidad, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa.
La resolución tiene como finalidad servir de base a la consulta previa a la elaboración del anteproyecto de la norma, de tal forma que los agentes implicados y la ciudadanía tengan la posibilidad de participar "de forma activa" y realizar aportaciones.
Las correspondientes opiniones deberán realizarse por escrito y se dirigirán a la Dirección General de Simplifcación Administrativa, Transparencia y Participación Ciudadana, ubicada en la calle Peña Herbosa número 29, de Santander.
Podrán ser presentadas en su Registro Electrónico General, así como en otros registros u ofcinas, además de a través del portal de transparencia. Dichas opiniones podrán realizarse durante el plazo de 20 días hábiles.
Según recoge la resolución, la elaboración de esta norma pretende servir de instrumento para realizar las reformas legales necesarias en la normativa sectorial que permitan impulsar el procedimiento desimplifcación administrativa.
El objetivo del Gobierno (PP) es simplifcar y agilizar la acción y funcionamiento de la Administración Pública, mejorando los procesos, examinando los procedimientos administrativos, eliminando trámites superfuos y reduciendo plazos de tramitación.
La ley pretendiendo unifcar en una sola norma todas las medidas de simplifcación administrativa existentes en la actualidad e incorporar nuevas medidas que permitirán eliminar trabas burocráticas para ciudadanos y empresas.
Para ello, entre otras medidas pretende regular la revisión de los silencios administrativos sobre los que no exista regulación nacional o europea básica, modifcando el sentido positivamente; la ampliación de las declaraciones responsables y comunicaciones previas como herramienta de agilización de los procedimientos; la simplifcación de procedimientos y reducción, en la media de lo posible, de informes y dictámenes que no tengan carácter obligatorio ni vinculante en los procesos; o la reducción al máximo de la documentación a aportar por los interesados en la tramitación de los procedimientos.
Asimismo, establecerá medidas de tramitación conjunta y gestión coordinada de proyectos y procedimientos, mejorará el sistema de apoyo administrativo a la implantación de iniciativas empresariales y reducirá los plazos de tramitación de los procedimientos.
