El Grupo de Acción Costera (GAC) Oriental de Cantabria ha suscrito un manifiesto junto a los 44 grupos de acción local pesqueros de España y representantes de 1.200 entidades vinculadas al sector, en el que alertan del "peligro" que supondrá la reforma del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2028-2034, y defienden el desarrollo local participativo de las zonas de pesca.
El documento ha sido remitido a las principales instituciones europeas y nacionales competentes. Además, han solicitado una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar la garantía de fondos económicos.
Según advierten en el manifiesto, la posible integración del desarrollo local participativo pesquero dentro del enfoque rural LEADER supondría "un retroceso", pues ambos modelos responden a realidades territoriales y socioeconómicas "muy diferentes".
Y afirman que las comunidades pesqueras "no piden privilegios, sino confianza y medios para seguir siendo motor de desarrollo, innovación y sostenibilidad en el litoral español y europeo", como "avalan los propios datos objetivos".
Y es que, según sostiene el GAC en un comunicado, el desarrollo local participativo es una herramienta "eficaz, participativa y esencial" para la cohesión territorial, con resultados "ampliamente contrastados". Así, durante el periodo 2014-2020, los grupos españoles impulsaron 2.645 proyectos con una inversión superior a 170 millones de euros, alcanzando un 96 por ciento de ejecución de los fondos previstos.
En concreto, el GAC Oriental de Cantabria ha financiado desde 2017 un total de 163 proyectos, como entidad colaboradora de la Consejería de Pesca, que supusieron una inversión en la comarca de 7 millones por parte de los promotores, la creación de 126 empleos y el mantenimiento de otros 257.
Por ello, en el manifiesto aseguran que el desarrollo local participativo refuerza la cohesión territorial y social de las comunidades costeras; impulsa la sostenibilidad, la innovación y la diversificación de la Economía Azul; facilita la gobernanza compartida y permite financiar proyectos que "difícilmente accederían a otras vías de apoyo".
