Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales) interpusieron en Cantabria durante el primer estado de alarma un total de 13.954 actas de denuncia, de las que la Delegación del Gobierno ha tramitado 9.143, lo que supone un 65,5 por ciento del total.
De esta forma, la Delegación del Gobierno en Cantabria se encuentra por encima de la media nacional de tramitaciones, que se sitúa en el 50,1 por ciento, al haberse tramitado 481.969 actas de denuncia, la mitad del total, que asciende a 960.580 expedientes derivados del incumplimiento de las medidas de limitación de circulación en toda España, sin contar País Vasco y Cataluña, según datos del Ministerio de Interior.
La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha agradecido a los funcionarios de la Delegación "el trabajo y el esfuerzo que están desarrollando para tramitar con agilidad los expedientes", cuyo volumen es muy superior al de cualquier otro año ya que, según ha indicado, se suelen tramitar una media de 5.000 expedientes al año.
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Los expedientes de estas fechas responden en su mayoría al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, según el que los incumplimientos de las medidas recogidas en el mismo debían tramitarse a través de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Esto implica que la tramitación de esos expedientes sancionadores correspondía a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, con excepción de Cataluña y País Vasco, donde las competencias en materia de seguridad ciudadana están transferidas a los respectivos Gobiernos autonómicos.
En Cantabria, de las 9.143 actas de propuesta de sanción tramitadas, 3.436 se han resuelto con sanción, 661 se encuentran todavía en proceso de instrucción y 395 han sido archivadas.
En el conjunto del país, de las 481.969 actas de propuesta de sanción tramitadas, 172.482 se han resuelto con sanción; 87.826 han sido trasladadas a otras administraciones (autonómicas y locales); 54.193 se encuentran todavía en proceso de instrucción; y 11.206 han sido archivadas.
El resto, 156.262, tras el análisis del instructor correspondiente se ha determinado que, a la vista de los hechos, no procedía iniciar el procedimiento sancionador por distintas causas. En el caso de Cantabria, las actas que no han prosperado tras ser analizadas por el instructor ascienden a 3.039.
Según señala la Delegación del Gobierno, el objetivo de los controles, que era velar por el cumplimiento de las normas sanitarias, "se cumplió", ya que la semana anterior a la declaración del estado de alarma el ritmo de contagios semanal crecía al 35% y cada persona infectada provocaba alrededor de tres nuevos contagios, mientras que a finales del mes de abril de 2020, el incremento semanal de contagios era del 5%, a finales de mayo del 1,5% y a finales de junio era inferior al 1%.
EXPEDIENTES PENDIENTES DE TRAMITACIÓN
A fecha actual, el número de actas de denuncia pendientes de tramitar por parte de las delegaciones del Gobierno asciende a 478.611 (el 49%). En el caso de Cantabria son 4.811.
Para agilizar la tramitación de estos expedientes, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública pone en marcha hoy mismo un programa de refuerzo para que esos expedientes queden resueltos en tiempo y forma.
En total, han sido 235 efectivos en todo el país los encargados de determinar si, a la vista de los hechos, procedía o no iniciar el expediente sancionador.
Éstos han experimentado una "desproporcionada carga de trabajo", ocho veces superior al de 2019.
En 2019 el total de denuncias recibidas referidas a todos los ámbitos en los que se ejerce la potestad sancionadora (seguridad ciudadana, drogas, armas, seguridad privada, violencia en el deporte, derecho de reunión, etcétera) ascendió a 464.734, de las que 64.346 estaban referidas al ámbito de seguridad ciudadana.
Esta cifra contrasta con las 960.580 actas de sanción interpuestas en un periodo de tres meses (desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020) vinculadas exclusivamente al incumplimiento de medidas limitativas articuladas para combatir el COVID-19 durante el primer estado de alarma.
En el segundo estado de alarma la tramitación de los expedientes de sanción corresponde a las comunidades autónomas.
