El volumen total de la financiación definitiva de las comunidades autónomas de régimen común, medida a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, aumentó un 8,2% en 2018 en relación al año anterior debido a la buena evolución de los ingresos tributarios autonómicos, según un informe publicado este martes por Fedea.
La entidad explica que los ingresos fiscales de las comunidades se vieron reforzados en esta ocasión por el "fuerte rebote" del indicador de ingresos tributarios estatales (ITE), al que están ligadas algunas partidas del sistema, después de haber registrado en 2017 una "sorprendente caída".
Aunque no se dispone todavía de datos de financiación total para años más recientes, Fedea precisa que los recursos sujetos a liquidación proporcionados por el sistema aumentaron un 3,9% entre 2018 y 2019.
En cuanto a 2020, Fedea espera una subida del 7% en los recursos del sistema de financiación autónomica (SFA), a lo que habrá que añadir el llamado Fondo Covid por importe de 16.000 millones de euros y diversas ayudas específicas del Gobierno central a las autonomías para hacer frente a la pandemia.
Fedea ha realizado los cálculos de la liquidación definitiva de 2018 a competencias homogéneas, con un criterio de devengo, introduciendo algunos ajustes a las cifras oficiales "para que reflejen con más precisión los recursos con los que las comunidades contarían a igual esfuerzo fiscal y para hacerlas más comparables entre territorios".
La liquidación de 2018 se realiza y se paga en 2020, que es cuando se dispone de toda la información necesaria para hacer algunos de los cálculos que exige el sistema. "Es importante distinguir, por tanto, entre la financiación definitiva que corresponde a cada comunidad autónoma en un año determinado con un criterio de devengo y los ingresos reales que ésta percibe por caja con cargo al sistema durante dicho ejercicio", indica Fedea.
Los ingresos de las comunidades bajo el actual sistema de financiación autonómica provienen de la recaudación de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y de sus participaciones en una serie de Fondos que canalizan transferencias estatales hacia los gobiernos regionales y redistribuyen recursos entre ellos.
El más importante de estos Fondos es el llamado Fondo de Garantía (de Servicios Públicos Fundamentales), que se nutre con un 75% de los ingresos tributarios teóricos o normativos de las comunidades autónomas y con una aportación adicional del Estado.
Estos recursos se reparten año a año de acuerdo con una fórmula de necesidades de gasto que cuantifica los recursos que se consideran necesarios en cada región para financiar un nivel uniforme de servicios públicos en todo el territorio nacional.
Esta regla se instrumenta a través del cálculo de una variable de población ajustada que sustituye a la población real de cada territorio a efectos de muchos de los cálculos que exige el sistema de financiación.
Esta magnitud se obtiene corrigiendo la población real por la estimación que hace el sistema de los costes unitarios relativos de provisión de los servicios públicos de titularidad autonómica en base a variables demográficas y geográficas, incluyendo entre otras cosas el grado de envejecimiento de la población y su dispersión, así como la extensión del territorio.
Los recursos derivados del Fondo de Garantía y del 25% de los ingresos tributarios autonómicos que no se integran en el mismo se complementan a través de un Fondo de Suficiencia (Global) similar al existente en el sistema anterior al actual y de dos nuevos Fondos de Convergencia Autonómica que se financian con recursos del Estado.
El importe del Fondo de Suficiencia se fija de forma que la financiación de cada comunidad en el año base (antes de la aplicación de los Fondos de Convergencia) coincida con una cantidad pactada que en ningún caso puede ser inferior a la que habría resultado de la aplicación del sistema anterior.
En principio, el Fondo de Suficiencia se actualiza año a año con un índice de ingresos tributarios estatales (el llamado ITE, por ingresos tributarios del Estado) pero la ley actual introduce una serie de ajustes para neutralizar el impacto sobre los ingresos regionales de cambios en los tipos del IVA e Impuestos Especiales, entre otras cosas, que, según Fedea, complican los cálculos necesarios.
Finalmente, los Fondos de Convergencia sirven para introducir algunos retoques finales en la distribución de recursos a favor de las regiones más ricas, las más pobres y las peor tratadas por el resto del sistema.
Su objetivo es el de promover la convergencia entre comunidades autónomas en términos de renta per cápita y de financiación por habitante ajustado. La primera tarea se encomienda al llamado Fondo de Cooperación y la segunda al Fondo de Competitividad.
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