La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAPA) de Cantabria ha exigido a la Consejería de Educación que el posiblecambio de libros de texto derivado de la modificación del currículo por la implantación de la LOMLOE no repercuta en la economía de las familias.
Una "preocupación" que han expresado en un escrito dirigido hoy a la Dirección General de Centros Educativos, la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa y a la propia consejera de Educación, Marina Lombó, y que recoge varios puntos de la legislación y normativa que ampara su petición.
FAPA Cantabria pone el énfasis en la situación actual, con una inflación "disparada", un gasto energético "que aumenta cada día" y un mercado laboral "inestable" y "con muy pocas garantías para la actualización de los sueldos".
Por ello, considera que aumentar el gasto educativo de las familias "llevaría a una mayor desigualdad en el alumnado, justo lo contrario que el sistema público debe de favorecer". Por ello, ha instado a la Consejería de Educación y Formación Profesional a que "ponga todos los medios necesarios para evitar que esto suceda", según ha indicado en un comunicado.
Por otro lado, la Federación considera necesario revisar, actualizar y reactivar el funcionamiento de los bancos de recursos y su normativa.
FAPA reconoce el "gran avance" que supuso su puesta en marcha en el curso 2016-2017, impulsado por el Consejo Escolar de Cantabria, pero opina que, desde entonces, su funcionamiento "apenas ha evolucionado".
En este sentido, las familias consideran que aspectos como la situación vivida durante la pandemia hacen necesario iniciar una reflexión sobre el uso y la gestión de los recursos educativos.
En este escrito también incide en el aspecto económico, ya que la partida destinada a este concepto dentro de los Presupuestos de Cantabria "apenas se ha visto incrementada en estos siete años", y el objetivo de la gratuidad "está lejos de producirse".
Para FAPA, la gratuidad no solo sería un objetivo "deseable", sino que el hecho de que ésta no se dé supone --como indica en el primer punto del escrito presentado-- "una anomalía" respecto a lo que establece la Constitución Española en su Artículo 27.
Por todo ello, la Federación emplaza a la Consejería de Educación y Formación Profesional a dar los pasos necesarios para iniciar este proceso.
