La Federación DEAN, Partido Verde Cantabria, Ecologistas en Acción Cantabria y ARCA han denunciado "graves irregularidades" en el proyecto de coto de caza de Viérnoles, que consideran "inviable".
Las entidades ecologistas han presentado un documento de alegaciones contra el proyecto de coto de caza Los Cabritus, en las que solicitan la desestimación del expediente por considerar que presenta "irregularidades graves de carácter legal, técnico y ambiental que impiden su aprobación".
En un comunicado, han indicado que el proyecto, promovido por la Federación Cántabra de Caza, pretende establecer un aprovechamiento cinegético sobre el Monte de Utilidad Pública (MUP) 363-TER y numerosas parcelas particulares de Viérnoles.
Según las organizaciones recurrentes, la tramitación adolece de una "opacidad técnica alarmante, sin cartografía detallada, zonas de seguridad ni estudios sobre fauna protegida".
En este sentido, han sostenido que "no se trata de errores subsanables, sino de deficiencias estructurales que afectan a aspectos esenciales" como la superficie mínima, continuidad del terreno, estudios técnicos inexistentes, garantías a propietarios y fiabilidad de las parcelas.
"No estamos ante un defecto puntual, sino ante un planteamiento que no cumple ni los requisitos mínimos que exige la ley", han reiterado los portavoces.
Uno de los problemas centrales a su juicio es la falta de acreditación de la superficie mínima continua de 750 hectáreas, además de la inexistencia de una unidad territorial real debido a la fragmentación por infraestructuras, zonas urbanas y caminos, lo que reduce la superficie útil y haría que la Administración resolviera "a ciegas".
Y señalan que "aún más grave es la inclusión de parcelas inexistentes, mal identificadas y urbanas", lo que a su parecer cuestiona la fiabilidad del proyecto.
En concreto, afirman haber identificado nueve referencias del polígono 017 que no existen en el Catastro Rústico, así como varias referencias urbanas cuya inclusión sería incompatible con el régimen cinegético.
"Este hecho no es una simple errata, sino un indicio de falta de rigor técnico en la propia definición del objeto del procedimiento. Si ni siquiera se puede determinar con precisión qué terrenos forman parte del coto, la base del proyecto queda completamente deslegitimada", han advertido.
Al hilo, han alertado de que esta fragmentación "incrementa el riesgo para la población", al concentrar la actividad cinegética en zonas próximas a caminos y áreas habitadas, en un entorno como la Sierra del Dobra muy frecuentado por senderistas y deportistas.
Además, han apuntado que el expediente carece de un plan de seguridad que garantice la integridad de los usuarios del monte. "Es una temeridad pretender disparar armas de fuego en una zona de uso público masivo".
Igualmente se refieren a un "posible impacto" sobre fauna silvestre y especies protegidas, al no existir evaluación previa de afecciones ni análisis de compatibilidad con la biodiversidad de la zona.
En cuanto a los derechos ciudadanos, critican que no se ha garantizado una participación pública efectiva ni que todas las personas afectadas hayan conocido realmente la inclusión de sus parcelas ni hayan podido ejercer en condiciones adecuadas su derecho de oposición.
En sus alegaciones, previenen de que el silencio de propietarios no correctamente informados podría interpretarse como conformidad, algo que consideran inaceptable por afectar directamente al derecho de propiedad y a las garantías básicas del procedimiento administrativo.
Asimismo argumentan que el proyecto "entra en colisión directa con la normativa municipal vigente". La Ordenanza de Bienestar Animal de Torrelavega prohíbe expresamente la caza en todo el término municipal, lo que, a juicio de las entidades, convierte la iniciativa en incompatible con la regulación local. También cuestionan la gestión del Monte de Utilidad Pública 363-TER, denunciando falta de notificación adecuada al Ayuntamiento y ausencia de consulta a la Mesa Municipal de Bienestar Animal.
Ante todo ello, reclaman a la Administración autonómica la denegación del proyecto, al considerar que "acumula irregularidades incompatibles con los principios de precaución, prevención, transparencia y seguridad jurídica".
"Lo que está en juego en Viérnoles no es solo un expediente administrativo" sino "el modelo de territorio", han manifestado, subrayando que la población de Torrelavega y, en particular, la de Viérnoles, "tiene derecho a conocer en profundidad lo que se pretende autorizar sobre su territorio".
Por ello, han hecho un llamamiento a vecinos, propietarios, colectivos sociales y representantes públicos para que "exijan máxima transparencia, revisión exhaustiva del expediente y pleno respeto al interés general antes de adoptar cualquier decisión". "No es un proyecto corregible. Es un proyecto inviable en su conjunto", han concluido.
