La Cuenta General de Cantabria de 2023 integra por primera vez las cuentas agregadas de los subsectores administrativo, empresarial y fundacional, pero no ofrece información consolidada y presenta salvedades relevantes en la Administración General, según el último informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al año de transición entre el Gobierno PRC-PSOE presidido por Miguel Ángel Revilla y el de María José Sáez de Buruaga (PP).
El Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria correspondiente al ejercicio 2023, en el que el sector público autonómico, integrado por 44 entidades, gestionó en 2023 un presupuesto agregado de 4.054 millones de euros, de los cuales se ejecutaron 3.810 millones.
En el mismo destaca que la Cuenta General incluye por primera vez las cuentas de los tres subsectores, "dando cumplimiento por primera vez a lo previsto en la Ley de Finanzas de Cantabria".
No obstante, el Tribunal indica que la información se presenta de forma agregada y "no se proporciona información consolidada que permita ofrecer una visión conjunta de la situación económica, financiera y patrimonial".
En términos generales, las cuentas individuales se adaptan a los principios y normas contables, "sin perjuicio de las salvedades" puestas de manifiesto en el Informe.
En este sentido, entre las salvedades más relevantes de la Administración General destacan la integración indebida de cinco organismos autónomos en la Cuenta de la Administración General, la sobrevaloración de los derechos reconocidos por fondos europeos en 31 millones y la infravaloración de los procedentes de la Administración General del Estado en 10 millones.
El informe destaca la persistencia de deficiencias en el registro del inmovilizado no financiero, debidas "principalmente, a la ausencia de conexión entre el Inventario y el sistema contable" y la sobrevaloración del remanente de tesorería en 12 millones, motivada por la falta de registro de cuentas restringidas de recaudación, la contabilización de saldos prescritos y la infravaloración del deterioro de créditos.
El Tribunal concluye que la Cuenta General representa la imagen fiel de las cuentas anuales de las entidades que conforman su ámbito subjetivo, "salvo por los efectos de las salvedades recogidas", que además de las referidas a la Administración General afectan a una sociedad y una fundación.
Asimismo indica que el 95% de la deuda viva de la Comunidad Autónoma procede de mecanismos extraordinarios de financiación estatal, lo que evidencia una elevada dependencia de esta vía de financiación.
