El coordinador de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, cree que el Gobierno regional quiere, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, "imponer las restricciones a la hostelería que perdió en los juzgados".
Se ha referido así, el diputado de Cs, a la decisión del Ejecutivo PRC-PSOE de aplicar las medidas aprobadas, por mayoría -no unanimidad- de las comunidades en la reunión con el Ministerio de Sanidad de cara la 'nueva normalidad', y que afectan al cierre de bares y restaurantes, a la una de la madrugada, y permiten la apertura del ocio nocturno hasta las tres.
Ello después de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que anuló el cierre anticipado impuesto por el bipartito al sector a la una de la madrugada -después de suspender la restricción previa a las diez y media de la noche-, permitiendo la actividad según la licencia de cada uno.
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"El Gobierno de Cantabria, a través del CISS, quiere imponer las restricciones a la hostelería que perdió en los juzgados", ha sentenciado Álvarez, que ha pedido al presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, que despeje cuál es su postura acerca de las nuevas limitaciones horarias.
"Tiene que aclarar si este esperpento que vuelve a castigar a la hostelería cuenta con su apoyo o va a seguir lavándose las manos y esquivando la responsabilidad", le ha instado.
El portavoz de la formación liberal ha mostrado su "perplejidad" ante los "continuos cambios de criterio" en el Consejo Interterritorial respecto a la actividad de los hosteleros: "Ahora deciden las comunidades autónomas, después no; ayer con estado de alarma, mañana sin paraguas jurídico en el que ampararse; primero acatando las sentencias de los tribunales y luego publicando boletines que pretenden enmendar la plana a los jueces", ha criticado Álvarez.
En su opinión, el equipo de gobierno PRC-PSOE "no se cansa de hacer el ridículo" ya que el 'semáforo Covid' es un instrumento "inútil" que "discrimina" a los locales de hostelería de algunos municipios atendiendo a unos parámetros "nada objetivos". "Sin herramientas para aplicar restricciones a la movilidad es una medida absolutamente gratuita en cuanto al perjuicio que causa e ineficaz para controlar el virus", ha opinado.
Así, para Álvarez, las restricciones en un municipio "permite que los ciudadanos de una localidad que no puede abrir los interiores de los locales de hostelería se trasladen a una localidad vecina donde sí pueden utilizar el interior de sus locales hosteleros". Una circunstancia que en el caso de poblaciones pequeñas "cualquier brote que afecte a un grupo de personas puede disparar la incidencia acumulada".
Por eso, a su juicio, "hay que desarrollar medidas para controlar esos brotes y a sus contactos y sólo en caso de que esa incidencia se disparase actuar sobre la movilidad y la actividad de esa población. Pero para eso hay que poner medios materiales y humanos y no tomar la calle de en medio y cerrar la hostelería, que es lo más fácil pero que ya se ha demostrado que no es efectivo".
Como ejemplo, Álvarez ha puesto el caso de Santoña donde, con un brote de 16 contagios, se ha vuelto a cerrar el interior de la hostelería "con un daño terrible a cientos de empresas, autónomos, trabajadores y familias".
"No se pueden aplicar las mismas medidas y restricciones sin valorar la situación sanitaria, la tasa de contagios y el ritmo de vacunación específicos de cada territorio", ha manifestado y esto es, "precisamente" lo que ha hecho el CISS sin contar con la unanimidad de las comunidades, ha remachado.
"Estoy seguro de que el consejero de Sanidad -Miguel Rodríguez- que vio como el TSJC le dejaba en ridículo, se estuvo frotando las manos en el Consejo interterritorial de ayer saboreando la oportunidad de enmendar la plana a los jueces", ha manifestado Álvarez, para quien es "curioso" que todas las comunidades gobernadas por el PSOE "fueran ayer las que votaron a favor de esas restricciones", que pretende acabar siendo "una imposición para el resto".
"No tienen ningún sentido, eso sí, a día de hoy, casi quince meses después de que se decretara el primer estado de alarma, el Gobierno de España no ha dado ni un euro de ayudas directas a estas empresas que llevan cerradas o con su actividad fuertemente restringida", ha concluido Félix Álvarez.
