Cs Cantabria se suma al apoyo a la gestión del lobo basada en el respeto al mundo rural

Archivo - Diego Marañón, Marta García y Félix Álvarez, de Cs Cantabria

El Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) Cantabria se ha adherido a la carta de apoyo a la gestión del lobo ibérico, suscrita por diez comunidades autónomas, entre ellas esta región, y las tres principales organizaciones agrarias de España, COAG, ASAJA y UPA, gestión basada en el respeto al mundo rural.

Cs ha mostrado su "apoyo incondicional" a la ganadería extensiva, "fundamental" en la economía de los pueblos, y que precisa en las zonas 'loberas' de un "modelo de coexistencia" sustentado en las medidas ya contempladas en el plan cántabro de gestión del cánido, con el objetivo de la reducción de los daños y la "justa" indemnización cuando estos se produzcan, explica en un comunicado.

El partido naranja se suma así a la petición impulsada por Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León tras la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el LESPRE, y a la que se han adherido hasta ahora seis comunidades más, así como las OPAs.

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Entre otros asuntos, la formación liberal ha respaldado la gestión del carnívoro en el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna y si bien ha mostrado su "respeto "a la independencia del Comité Científico que aboga por la inclusión del lobo en el LESPRE, han exigido "el mismo respeto" a los técnicos de las distintas comunidades que, a su formación académica, añaden la "experiencia" en la gestión cotidiana de la especie en un "mundo real".

Por último, Cs se ha sumado al llamamiento de la mayoría de las comunidades y organizaciones agrarias al Ministerio para la Transición Ecológica para "volver al escenario de consenso y diálogo", y que renuncie a continuar con la tramitación de la inclusión del Lobo en el LESPRE.

En este sentido, los diputados naranjas de Cantabria han manifestado que el departamento que dirige Teresa Ribera no debe escudarse en dictámenes no vinculantes y "forzar situaciones inéditas" en órganos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas "donde el diálogo y el consenso habían sido las señas de identidad hasta la fecha".