El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se ha dirigido a los ministros de Sanidad, Hacienda, Interior, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para hacerles llegar los problemas que los ciudadanos y ciudadanas plantean en el millar de quejas recibidas hasta el momento, relacionadas con la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19.
Según ha dado a conocer este viernes la institución, Fernández Marugán comparte "la preocupación ciudadana" que reflejan las quejas recibidas por la situación de las personas mayores que residen en centros asistenciales de toda España.
En un escrito remitido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el Defensor del Pueblo en funciones considera "preciso ahondar en las necesidades de equipos de protección y de pruebas diagnósticas para poder hacer adecuadamente la distribución de usuarios" de residencias ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
Asimismo, ha informado de que ha contactado con varias Consejerías autonómicas por quejas concretas ante la situación de algunas residencias para mayores y ha asegurado que ampliará los contactos en los próximos días para obtener "una visión global de cómo se está actuando por parte de las administraciones".
Fernández Marugán quiere conocer las medidas adoptadas para dotar o reforzar la atención sanitaria en las residencias públicas o privadas, los protocolos de derivación de residentes a hospitales, y la habilitación de centros y establecimientos para la atención monográfica por COVID-19.
ESFUERZO PARA INFORMAR DE LA EVOLUCIÓN DE LOS AFECTADOS
El Defensor también ha mostrado preocupación por la "gran angustia" con la que los familiares viven la falta de noticias sobre sus allegados. "Debería realizarse un esfuerzo de comunicación para informar de la evolución de los afectados y que, en caso de fallecimiento, se difunda el protocolo que se sigue con los difuntos y para la retirada segura de sus pertenencias", ha defendido.
Por otro lado, ha instado al Ejecutivo a reconocer y apoyar, "con los recursos necesarios", la labor que desarrollan los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio a las personas en situación de dependencia, "para salvaguardar su salud y los posibles contagios de aquellas personas a las que atienden".
En relación con las personas sin hogar, la institución ha detallado que ha recibido quejas que "ponen de manifiesto la falta de recursos adecuados y la escasez de medios de protección personal, para facilitar una atención en condiciones razonables de separación".
Así, Fernández Marugán ha trasladado esta preocupación al Ministerio de Sanidad y a la Alcaldía de Madrid ya que empleados y ONG que trabajan en diversos albergues de la capital han alertado de que el aumento de usuarios en los centros está generando "hacinamiento y ausencia de espacios de seguridad para evitar contagios".
El Defensor cree "necesario" dotar las instalaciones de refuerzos sanitarios y habilitar áreas adicionales de alojamiento que permitan aumentar las medidas para separar a los usuarios según sus síntomas. "También habría que reforzar los servicios de limpieza y desinfección y proporcionar a los profesionales y usuarios equipos de protección individuales", ha añadido.
LOS CIE Y LOS CETI
Respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Fernández Marugán ha recordado que "la privación de libertad de estas personas en estos centros tiene como fin exclusivo asegurar la materialización de su devolución o expulsión" que, en estos momentos, no se puede realizar.
Por otra parte, el Defensor también ha traslado al Ministerio del Interior y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consideraciones sobre la situación en los centros de estancia temporal para inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla.
En concreto, Fernández Marugán aboga por continuar con los traslados a la península y evitar así que se puedan producir contagios en unas dependencias que "no están preparadas para tal eventualidad" y teniendo en cuenta "la tradicional sobreocupación de estos dos centros, en los que además, suele encontrarse un número significativo de menores".
También ha solicitado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la concesión de autorizaciones de trabajo para ciertos colectivos de ciudadanos extranjeros que podrían incorporarse a determinados sectores (sanitario, agrícola o cuidado de personas mayores) que "en esta crisis necesitan personal de manera urgente".
De esta forma, ha destacado que en esta situación se encuentran tanto solicitantes de protección internacional, titulares de la conocida como 'tarjeta roja', como jóvenes extutelados por la Administración, que son titulares de autorización de residencia no lucrativa.
Fernández Marugán ha recordado que el Reglamento de extranjería dispone que, en caso de que circunstancias de naturaleza económica, social o laboral lo aconsejen, el Consejo de Ministros podrá dictar instrucciones para la concesión de autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo, que podrán quedar vinculadas temporal, por ocupación laboral, o territorialmente, en los términos que se fijen en aquellas.
Para paliar la falta de personal en ciertos ámbitos, el Defensor también ha recomendado a la Dirección General de Ordenación Profesional y a la Secretaria General de Universidades que faciliten la incorporación de los profesionales sanitarios que en el momento actual permanezcan a la espera de finalizar la homologación o reconocimiento de su formación sanitaria.
EMERGENCIA SANITARIA
Ante la emergencia sanitaria, el Defensor ha trasladado al Ministerio de Sanidad "el testimonio de muchas personas que se enfrentan a una situación crítica y muy angustiosa, pues temen por la salud propia y la de los suyos". Así, la institución insiste en la necesidad de que todas las administraciones se coordinen "lealmente" para incrementar la dotación de recursos del sistema sanitario, social, de la dependencia y residencial, público o privado.
Entre otras actuaciones, el Defensor ha instado a que se proporcione el material de protección necesario a los trabajadores sanitarios y demás personal asistencial; ha urgido a que se amplíe la realización de test de confirmación; y ha reclamado un procedimiento claro de actuación en todos los servicios de salud.
El Defensor del Pueblo ha trasladado asimismo quejas, preocupaciones y propuestas relacionadas con la situación de los españoles en el exterior; los centros penitenciarios; limitaciones circulación; las pymes y los autónomos. Así, ha pedido Hacienda que amplíe los plazos para la campaña de Renta y Patrimonio 2019, entre otras cuestiones.
