Los constructores cántabros proponen medidas para resolver el acceso a la vivienda e impulsar la economía y el empleo

Construcción de viviendas en Peñacastillo

La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) propone una batería de medidas para resolver el problema de acceso a la vivienda, "uno de los retos más importantes" del sector, e impulsar la economía y la creación de empleo en "un momento crucial" como el que atraviesa España en la actualidad.

Para lograrlo, la ACP plantea un plan de edificación basado en una producción sostenida de viviendas y a precios asequibles, tanto en la modalidad de venta como de alquiler, según ha informado en un comunicado la asociación.

El objetivo es atraer de nuevo a la inversión privada para el desarrollo de promociones sociales, que han experimentado "una drástica caída" en menos de una década, al pasar de las cerca de 75.000 viviendas anuales que se venían construyendo en nuestro país hasta el 2010 a poco más de las 4.700 edificadas en 2018.

"Los operadores públicos y privados, de acuerdo con los legisladores, podríamos estabilizar al sector con una producción sostenida de viviendas abordando simultáneamente la modalidad de venta y la modalidad de alquiler, creando un parque razonable de viviendas, que sería de propiedad y gestionado por empresas profesionales", han indicado los constructores en un comunicado.

Al mismo tiempo, desde la ACP han reclamado seguridad jurídica para desarrollar medidas que faciliten el acceso a la vivienda asequible y paliar así las necesidades acumuladas durante más de diez años de crisis.

MEDIDAS DEL PLAN

Entre las medidas que figuran en el plan de la ACP, está el ofertar pisos de protección social en régimen de alquiler cuya renta no supere el 30 por ciento de los ingresos mensuales del inquilino, para dar así respuesta a aquellas familias que tienen dificultades para afrontar este pago.

La ACP apuesta también por ofrecer este tipo de viviendas para cubrir situaciones de exclusión social residencial, con promociones en suelos de titularidad pública, sea estatal, autonómica o municipal.

En materia fiscal, el colectivo profesional propone un IVA neutro/superreducido en la cesión de suelo en derecho de superficie, que en la actualidad está considerado como prestación de servicio y se aplica el 21% del tipo general. También plantean este impuesto superreducido para la promoción de vivienda nueva destinada al arrendamiento, y que actualmente es del 10%.

Y para fomentar la vivienda social en alquiler, los constructores defienden la colaboración público-privada: "La administración, en sus tres niveles, cede el suelo demanial del que es titular para que la iniciativa privada invierta en su edificación y explotación a largo plazo con un estructura económica y jurídica necesaria y suficiente para los agentes del sector", han propuesto.

Por otro lado, en el ámbito de la compraventa, la ACP plantea ofertar igualmente pisos asequibles para cubrir la demanda de reposición y parte del segmento de primer acceso a vivienda y reclama también para ello una "clara apuesta" de la administración por reducir los costes de producción.

Y para ejecutar y entregar viviendas de forma "más rápida y económica", los constructores piden reducir las cargas burocráticas ligadas a la promoción, agilizar las licencias de obra y sustituir las licencias de primera ocupación por declaración responsable.

Además, abogan por reducir las fiscalidad en la compraventa de una primera vivienda y los distintos tributos a las haciendas locales y autonómicas durante la construcción. En este sentido, la ACP indica que en la actualidad el 25% del dinero total que una familia paga por una casa se corresponde con cargas tributarias, lo que supone "una presión fiscal muy elevada para un bien de primera necesidad".