Ocho comerciales de una compañía de seguridad acusados de cobros indebidos han negado este martes los hechos en el juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria y han apuntado a una estrategia empresarial para justificar sus despidos.
En el juicio, la acusación particular ejercida por la empresa de seguridad ha retirado los cargos que pedía a un noveno comercial, que ha pasado de acusado a testigo en la causa y con cuya declaración se ha iniciado la vista al alegar las defensas una "posible indefensión" de sus clientes por ese "significativo" cambio de condición.
Precisamente, este hombre que trabajó de comercial en Castro Urdiales es el único que ha apuntado que "creo recordar" que tuvo que sacar de su cuenta en dos ocasiones cantidades "cercanas" a los 400 euros para entregárselos a su jefe de equipo, que es uno de los acusados, y para que éste "creo pero no lo sé" se lo entregase al gerente de zona norte de la compañía, que es el único al que acusa la Fiscalía.
"Me lo supongo pero no lo sé exactamente", ha señalado el testigo, cuestionado por a quién irían dirigidas esas cantidades que ha asegurado que retiró de su cuenta por supuestos cobros indebidos para después entregárselas a otros y que los dos señalados han negado.
Sobre los supuestos cambios que, según la empresa, se realizarían en la plataforma digital para modificar la asignación de contratos y, por tanto, de comisiones, el ahora testigo ha negado conocer cómo se realizaban porque él "sólo podía consultar" esa plataforma pero no hacer ningún cambio.
Frente a ello, los ocho acusados han coincidido en negar cualquier cobro de comisiones indebidas y abonos en efectivo. Todos han negado las acusaciones de empresa y han apuntado a una estrategia empresarial para justificar sus despidos después de la fusión de esta compañía de seguridad con una multinacional.
De hecho, tras ejecutar la compañía sus despidos en 2019, todos interpusieron demandas por considerarlos improcedentes y siete de ellos, todos menos el gerente, han sido indemnizados y se les han abonado comisiones impagadas y, además, han asegurado que, de forma previa a los juicios, se les ofreció desistir de sus reclamaciones y de declarar en contra del gerente a cambio de retirar las demandas penales en su contra.
Así lo han reiterado en sus declaraciones en el juicio, en el que todos, desde el gerente hasta el delegado de zona, el jefe de equipo y los comerciales, han indicado que las modificaciones en la plataforma "eran algo habitual" para corregir errores, que las "podía hacer cualquiera" porque todos los trabajadores tenían acceso a la misma y que "jamás" hicieron cambios ni para beneficiarse a sí mismos ni a ningún otro.
Asimismo, han indicado que todos los cambios realizados se revisaban desde Madrid y que, posteriormente, se remitían de nuevo los listados definitivos de las comisiones por si algún comercial detectaba que "le faltaba algo" que, además, han lamentado que "era lo habitual".
De hecho, algunos de los comerciales acusados han asegurado que la empresa no sólo les ha tenido que indemnizar por el despido improcedente sino que en algunos casos les han tenido que pagar cantidades cercanas a los 10.000 euros por comisiones no abonados durante sus años de trabajo en la empresa.
Todos ellos creen que la empresa ha "montado esta historia" para justificar sus despidos ya que, tras la fusión, ya "no requería de la fuerza de venta" de los comerciales cuya labor sería, y según ellos "ha sido", sustituida por el trabajo de la amplia red de teleoperadores de la multinacional.
En este sentido, uno de los comerciales acusados ha explicado que él contaba "con coche y teléfono de empresa" a lo que había que sumar su sueldo y las comisiones que generaba con la "gran cantidad" de contratos que hacía mientras que su pareja, que es teleoperadora de la multinacional, "cobra 1.000 euros y por teléfono hace más contratos que yo en 10 horas en la calle".
Sobre las acusaciones vertidas por el ahora testigo y antes acusado, creen que es "porque ha llegado a un acuerdo con la empresa" y, por tanto, aceptado el ofrecimiento que también la mayoría de ellos recibió para declarar contra el gerente de la zona norte.
Éste ha afirmado en la vista que la compañía le señala "como último culpable" para justificar todos los despidos que realizó en el área que él gestionaba (Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja) y que ha facilitado al comercial ahora testigo y antes acusado "un acuerdo favorable por su despido para testificar en contra de mí".
Ha insistido en que todos los cambios en las asignaciones de contratos en la plataforma web de la empresa estaban "justificados" y que, además, es "imposible" establecer a través de la misma comisiones indebidas porque todo "se cierra desde Madrid". "Si grabas un contrato en la plataforma, no está finalizado hasta que no pasa por Madrid que es desde donde se llama al cliente y se cierra definitivamente el contrato", ha explicado.
También ha enfatizado que "nunca jamás" ha recibido cobros en efectivo ni comisiones indebidas, ni tampoco ha "falseado" los datos de ningún contrato para beneficiar a nadie como sostiene la acusación particular que ejerce la compañía de seguridad.
El juicio está previsto que continúe este martes, a partir de las 9.30 horas, con las declaraciones de testigos y las conclusiones.
LA EMPRESA ACUSA A OCHO Y LA FISCALÍA A SOLO A UNO
El peso del caso lo lleva la acusación particular que ejerce la empresa, cuyo sistema de retribución de incentivos se aplicaba para el personal comercial de forma progresiva, de modo que a mayor número de contratos vendidos más comisionaban.
Así las cosas, la empresa apunta a que tres de los acusados -el gerente de la zona norte, el jefe de ventas de Santander, Castro Urdiales y Vitoria, y el jefe de equipo de Castro Urdiales- eran los únicos que podían autorizar modificaciones en el sistema informático y les acusa de que manipularon y falsearon ficheros.
Con esas modificaciones en los archivos asignaron a determinados comerciales, también acusados, operaciones de ventas que no habían celebrado ellos sino otros comerciales, con el fin de que tuvieran mayor actividad y mayores incentivos.
Según sostiene la empresa, todos los acusados cobraron y se repartieron 32.000 euros en comisiones no generadas e infladas a consecuencia del ilícito aprovechamiento del sistema de retribución progresivo. Además, los tres responsables también cobraron 4.000 euros en incentivos por productividad no real.
Por ello, considera a todos ellos autores de un delito continuado de estafa y, además, a los tres que ostentaban cargos de responsabilidad también les atribuye un delito continuado de administración desleal y otro continuado de falsedad en documento privado.
Las penas solicitadas para estos tres suman 14 años de prisión y 108.000 euros de multa, mientras que para los otros cinco comerciales pide tres años de cárcel.
En concepto de responsabilidad civil, reclama que todos ellos indemnicen de manera conjunta y solidaria a la empresa en 36.000 euros.
La fiscalía, por su parte, solo acusa al gerente de la zona norte, quien, a su juicio, propuso a varios comerciales de la empresa poner a su nombre contratos que no habían realizado ellos sino otros comerciales (habitualmente empleados que no habían pasado el periodo de prueba) y repartirse la comisión.
Entiende el ministerio público que el acusado manipuló en varias ocasiones datos del sistema informático para facilitar comisiones indebidas a un empleado, solicitando a este que luego se la entregara.
Por ello, le acusa de un delito de estafa merecedor de dos años de prisión y el pago de una indemnización de 1.200 euros.
