Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio han denunciado este miércoles la aplicación de criterios políticos en la tramitación de "megaproyectos" eólicos en Cantabria.
Según los colectivos, "las instituciones cómplices suelen aprovechar la desconexión social para acelerar procesos de tramitación" de megaproyectos energéticos en Cantabria, especialmente durante el verano, en un momento en el que han recibido lo que consideran una "incomprensible noticia", la concesión de nuevas autorizaciones para la construcción del polígono eólico Somaloma-Las Quemadas tras haber sido paralizado dos veces en los tribunales, la segunda en 2026 con sentencia firme.
En un comunicado, han mostrado su sorpresa e indignación porque, simultáneamente a la aprobación de Somaloma-Las Quemadas, se desestimaba por su "elevado impacto ambiental" la solicitud para el polígono eólico de Benavieja, ubicado frente a Cabárceno, lo que a su juicio evidencia que "algunos polígonos eólicos son descartados con facilidad, mientras otros vuelven una y otra vez en función de la zona en la que se sitúen, aplicando criterios políticos y no estrictamente técnicos ni ambientales".
Los Colectivos Vecinales han señalado que este hecho queda confirmado por la tramitación del "discriminatorio PROT", que pretende "entregar al expolio la comarca de Campoo-Los Valles, el valle de Iguña y el de Soba, bajo la falacia de que no existe patrimonio natural, paisajístico e histórico-cultural que preservar", mientras que el resto de Cantabria quedaría oficialmente excluido del riesgo de estos proyectos.
Como ejemplo de la situación, han señalado que el PE El Escudo lleva más de tres meses paralizado, después de haber sido construido prácticamente en su totalidad; el PE Somaloma-Las Quemadas ha sido paralizado dos veces por los tribunales; y que, respecto de la ampliación de la presa de bombeo -el proyecto Aguayo II-, promovida por Repsol y cuyas obras se iniciaron hace semanas, la CROTU está contestando ahora a las alegaciones registradas en el verano de 2022.
La organización ha advertido de nuevo de los riesgos que implicaría una situación de escasez de agua con situaciones meteorológicas prolongadas, como las que se están viviendo estos días, "de enorme calor y sequía, en la que se prioricen los intereses de Repsol en vez de mantener los caudales ecológicos o el abastecimiento de agua a los municipios de Cantabria".
Respecto al polígono El Escudo, han denunciado la celebración de un "lamentable curso de verano de la Universidad de Cantabria", que consideran un "nuevo lavado verde de las empresas que destrozan el territorio".
Por otra parte, han criticado la nueva Ley de Control Ambiental, aprobada recientemente con los votos del PP y del PRC, que consideran que "facilita la vida a las empresas promotoras de los megaproyectos energéticos, ya que no obliga a revisar desde cero los proyectos ya aprobados o en tramitación, les da continuidad y les permite modificar, prorrogar o adaptar sus autorizaciones dentro del nuevo marco", además de posibilitar que "varios proyectos puedan apoyarse en infraestructuras comunes o ya existentes, como accesos, líneas de evacuación o subestaciones", lo que supone "todavía más manga ancha por parte de la Administración hacia las empresas".
Ante esta situación, han hecho un llamamiento a las organizaciones y movimientos sociales sobre la importancia de mantener criterios de denuncia "robustos y coherentes", ante lo que consideran "incoherencias" en la reciente petición pública de SEO/BirdLife respecto del PE Anjana, en la que exige frenar el proyecto por su impacto sobre especies protegidas, y lamentan que en esa petición no se incluya la situación de otros eólicos ubicados en la misma unidad ambiental y que afectan a las mismas poblaciones de avifauna.
En este sentido, señalan que el proyecto Somaloma-Las Quemadas se encuentra a dos kilómetros de uno de los núcleos del PE Anjana, por lo que echan en falta la misma petición de SEO/BirdLife para este y otros proyectos eólicos que generan impactos similares sobre las especies amenazadas.
Finalmente, los Colectivos Vecinales han anunciado que continuarán luchando "por la vía judicial contra todos estos polígonos, movilizándose en las calles y trabajando para situar en los medios de comunicación información rigurosa y técnica".