La Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria, al igual que el sindicato a nivel estatal, ha puesto en marcha una recogida de firmas contra la pobreza energética para exigir al Gobierno medidas para garantizar el suministro de electricidad y de gas a todos los hogares.
De este modo, en los locales del sindicato se han instalado mesas de firmas, manteniendo todas las medidas frente al Covid, para quienes deseen participar en la campaña, que se presentará en el Ministerio para la Transición Ecológica y con la que CCOO quiere concienciar sobre el "grave problema" que sufren muchas familias.
Así, desde la Federación se recuerda en nota de prensa que en Cantabria un 23,7% de la población vive en situación de pobreza, es decir, 138.000 personas, de las que, además, 50.900 están en situación de pobreza extrema.
Aunque el sindicato reconoce que el Gobierno ha puesto en marcha medidas para mejorar la situación, destaca que la pandemia y el aumento "disparado" de los precios de la energía la "han agravado aún más".
Así, la Federación exige Ministerio que se garantice el acceso de todas las personas a la energía (electricidad y gas), se amplíe el número de usuarios del bono social, se mantenga la medida de no cortar el suministro por impago a los colectivos vulnerables y se reforme el sistema de formación de precios de la electricidad que ahora sólo beneficia a las grandes empresas eléctricas.
"Los pensionistas y jubilados de CCOO seguiremos denunciando los continuos incrementos de las tarifas energéticas que conducen a un empobrecimiento generalizado a los pensionistas, jubilados y al conjunto de los y las trabajadoras", ha señalado el secretario general de la Federación en Cantabria José Antonio Sánchez Gimeno.
El sindicato señala al respecto que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas que no pueden mantener su vivienda con una temperatura adecuada en invierno han pasado de 3,5 millones en 2019 a 5,1 millones en 2020 y, sin embargo, a pesar de estas cifras las personas beneficiarias del bono social no llegan a 1,2 millones.
Por todo esto, exige que se revisen los criterios de acceso a este bono para que cubra a más colectivos en situación de pobreza energética, se simplifique la carga burocrática y se faciliten las gestiones para poder acceder al mismo, se creen oficinas municipales de asesoramiento energético para orientar a los consumidores en el acceso al bono y sobre subvenciones para rehabilitación energética de viviendas y medidas de eficiencia energética y de cambios en la factura eléctrica.
Para Sánchez, es "urgente" que se prolongue la prohibición de cortes de suministro por impago a los consumidores vulnerables, que haya subvenciones completas para los mismos de medidas de rehabilitación energética de sus viviendas o de sistemas de autoconsumo fotovoltaico, que se reforme el sistema de formación de precios del mercado de la electricidad para eliminar los sobre beneficios de las compañías y que haya un mayor control público de algunas de las actividades del sistema eléctrico.
