La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Gobierno de Cantabria ha denunciado el "desmantelamiento" en las últimas semanas de todo un equipo multidisciplinar del Centro de Evaluación, Valoración y Orientación (EVO), dependiente del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que a juicio del sindicato apunta "a una privatización del servicio".
CCOO ha señalado en nota de prensa que en la actualidad se está citando --"que no resolviendo-- a personas que solicitaron su valoración en abril de 2022, siendo la tendencia ascendente, tanto en lo referente al número de solicitudes como al tiempo de respuesta de las mismas.
Un año de espera que en las últimas semanas se habría agravado, según el sindicato, con el "desmantelamiento" del citado equipo multidisciplinar el EVO.
En concreto, señala que primero fue un médico que se cedió en comisión de servicios "sin que en principio haya sustituto" para su plaza; después un trabajador social que se reasignó funcionalmente al Servicio de Protección de la Autonomía y Atención a la Dependencia y, por último, "se pretende no renovar una comisión de servicio de una psicóloga" que viene prestando sus servicios en el centro desde 2017.
"Resulta curioso que poco más de dos años después de que se anunciara a bombo y platillo la creación de un nuevo equipo de valoración para el EVO, justificado en la necesidad de reducir la lista de espera de un año, la Consejería de Empleo y Políticas Sociales esté desmantelando el servicio cuando la situación sigue siendo la misma", ha señalado el coordinador del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, Carmelo Renedo.
Para Renedo, "las cuentas son claras y para resolver expedientes sobre discapacidad hace falta un médico, un psicólogo y un trabajador social". Por tanto, defiende que reducir la lista de espera pasa necesariamente por aumentar el número de estos profesionales, "nunca por disminuirlos, porque lo que se está consiguiendo es que la sensación sea que se está abandonando a los ciudadanos con discapacidad o a aquellos que están en situación de dependencia".
"Lo peor de todo", según la Sección Sindical de CCOO, es que la normativa vigente establece que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de tres meses, con posibilidad de prorrogarse a seis, cuando en Cantabria está cercana a un año y, "vistos los últimos acontecimientos, es probable que aumente aún más pues a diario llegan a este servicio alrededor de 50 solicitudes".
"Algunas personas, al ver que pasan los tres o los seis meses y no tienen la resolución de su solicitud, mandan un escrito informando del hecho y enseguida los valoran, porque es lo que dicta la normativa y la administración está obligada a cumplirlo", ha señalado Renedo, que ha lamentado que tengan que ser los propios ciudadanos "quiénes tengan que ir mendigando un derecho a evaluación que está garantizado por ley".
El sindicato ha aplaudido que se contrate a otros profesionales, como es el caso de fisioterapeutas, pero ha advertido que éstos no reemplazan al personal que realiza la valoración integral.
