CCOO y CSIF urgen a Universidades que modifique el decreto para que el personal temporal de la UC cobre los complementos

Denuncian que unas 100 personas siguen sin cobrar los quinquenios y sexenios un año después de un acuerdo con la UC y una sentencia a su favor

La Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria y el sector de Educación de CSIF han instado a la Consejería de Universidades a dar "todos los pasos" para que el personal laboral temporal de la Universidad de Cantabria (UC), unos 100 trabajadores, cobre los complementos por productividad -quinquenios y sexenios- que tienen reconocidos y no han cobrado en 2022.

Al parecer, el escollo está en el decreto regional 55/2019, de régimen retributivo del personal laboral e investigador, ya que la UC señala su intención de pagar, pero "el rectorado interpreta que hay ciertas oraciones que pueden impedir que se cobren, por lo que es necesario que la Consejería lo modifique".

Así lo han explicado este lunes en rueda de prensa la presidenta del comité de empresa del personal docente e investigador de la UC, Ruth Villalón (CCOO); la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez; y el delegado de CSIF, Javier Dávila, que quieren que el vicepresidente y consejero de Universidades, Pablo Zuloaga, les reciba y garantice el pago.

Villalón ha remarcado que hace ya un año que el comité firmó un acuerdo con la Universidad que permitía el cobro de estos complementos, "pero aún no se ha materializado". Además, ha añadido que el sindicato ganó una sentencia el pasado mes de marzo en este sentido "y la situación tampoco ha cambiado, siguen sin tener acceso a este complemento".

Sin embargo, esta modificación se ha iniciado "sin texto y llevará unos seis meses, un proceso que se podía haber agilizado", ha apuntado la presidenta del comité de empresa aludiendo a la publicación de una consulta pública del decreto para modificar el régimen retributivo de este personal.

Ha insistido en la importancia de estos pagos que solo afectan al personal temporal de la UC -y que podrían suponer una media de 100 euros más al mes-, porque "la primera figura en la que una persona entra a trabajar a tiempo completo es como ayudante o ayudante de doctor, son personas que tienen una media de 38 años, ya son doctores, cuentan con experiencia y derecho a complementos a su labor".

Respecto a la situación de este personal en la UC, pueden estar así "hasta cinco años, cuando en otras universidades se pueden estabilizar a los dos años y, además, en Cantabria es donde menos cobran, incluso por debajo del salario medio nacional", ha incidido la presidenta del comité. Respecto a los complementos, ha advertido que "ya fuimos los últimos en reconocer el derecho del personal laboral a cobrar trienios y no queremos ser los últimos ahora, porque esta situación no es la mejor ni a nivel económico ni de retención de talento".

Por su parte, el delegado de CSIF ha indicado que "se trata de una situación de pura frustración porque hay una sentencia que obliga a reconocer los quinquenios y sexenios", y ha recalcado que, "entre el rectorado y el Gobierno, tienen que tomar algún tipo de decisión sobre estos complementos que dicen que el personal tiene algún tipo de mérito, pero apuntado en el libro de hielo".

"Es una cuestión que, cuando se negocia y por fin parece que la solución es la reforma del decreto, ves que no está viniendo", ha insistido Dávila, que ha emplazado a "hacerlo cuanto antes, para que estos derechos reconocidos se puedan hacer efectivos".

En este sentido, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria ha advertido que "este es el último aviso de una lucha que viene de lejos y hemos agotado en los órganos de negociación". "Si la UC no paga por miedo a que el decreto no esté corregido y el Gobierno no se compromete a modificarlo, no descartamos empezar a movilizar".

Sánchez ha indicado que los Presupuestos Generales de Cantabria para 2023 recogen una partida de 220.000 euros en el Capítulo I para abonar estos complementos, pero ha insistido en que "esto está reconocido desde el uno de enero de 2022, por lo que deben pagar también ese año".

Por ello, los sindicatos quieren Zuloaga, con quien señalan que aún no se han reunido en todo el proceso, les reciba y "garantice el pago de 2022, no solo del 2023", ha concluido Sánchez.