El delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE en la región, Pedro Casares, ha justificado este miércoles el sobrecoste de 20 millones de euros del contrato de los trenes de Renfe para Cantabria y Asturias que no cabían por los túneles en un modificado que ha actualizado los precios de las materias primas.
Casares ha afirmado que esta situación "está pasando en todos los contratos públicos", a preguntas de los periodistas sobre el informe del Tribunal de Cuentas de la semana pasada relativo a la adjudicación de los contratos suscritos por Renfe Viajeros y la empresa CAF en 2020 para adquirir 31 trenes de ancho métrico para Cantabria y Asturias.
El delegado ha apuntado que "no tenemos nuevas noticias" sobre el contrato y ha confiado en que se cumpla lo firmado con la adjudicataria, que ya alcanza una inversión "muy importante" del Estado de 218,7 millones de euros más IVA, que incluye más trenes que los inicialmente previstos.
En este sentido, ha afirmado que la empresa adjudicataria y el Gobierno central mantienen "el compromiso firme" de que las primeras unidades lleguen a lo largo del año para realizar pruebas antes de que entren en funcionamiento.
Asimismo, el delegado ha reafirmado el "firme compromiso" del Gobierno central con la gratuidad de la red de Cercanías de Cantabria, algo que está produciendo un aumento "considerable" del número de pasajeros, y que se mantendrá hasta que lleguen los nuevos trenes.
VIVIENDA
Por otro lado, en relación a las declaraciones realizadas por el obispo de Santander, Arturo Ros, quien este martes pidió "a todos los políticos" un gran pacto por la vivienda frente una situación habitacional "cada vez más insostenible", el delegado del Gobierno ha compartido esas palabras y ha señalado "la necesidad de que las administraciones lleguemos a acuerdos y pongamos todos los esfuerzos".
En este sentido, Casares ha afirmado que el prelado "recoge un clamor" de la sociedad cántabra y que la vivienda es "un gravísimo problema para miles de familias, jóvenes, mujeres y personas mayores".
Por ello, ha resaltado que desde el Gobierno de España "vamos a hacer todo lo que podamos" en esta materia, con una estrategia centrada en el Plan Estatal de Vivienda, firmado con las comunidades autónomas en la última Conferencia Sectorial, y que aportará a Cantabria 133 millones de euros para los próximos cinco años, que suponen 98 más que el plan anterior.
En esta línea, ha reclamado al Gobierno de Cantabria (PP) que "se siente a hacer política de vivienda en serio y a llegar a acuerdos" y le ha pedido que "rectifique" las actuales y declare zonas tensionadas en municipios que tienen "una presión turística brutal", como Comillas o Castro Urdiales, "que lo están pidiendo" mientras el Ejecutivo regional "mira hacia otro lado".
Además, ha indicado que "en reiteradas ocasiones" a través de cartas le ha pedido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), tratar este asunto y no ha obtenido respuesta.
Así lo ha asegurado, a preguntas de los periodistas, durante sus declaraciones acerca de las entregas a cuenta realizadas por el Gobierno central al Ejecutivo regional.
