Cantabria tiene 21.354 dependientes y lidera el gasto medio en España en su atención

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, presenta un diagnóstico del sistema de dependencia junto a la directora del ICASS, María Antonia Mora, y el director general de Políticas Sociales, Julio Soto

Cantabria tiene un total de 21.354 dependientes reconocidos a 31 de diciembre de 2019, de los que 16.609, un 77,8%, reciben algún tipo de servicios de atención, bien sea servicios domiciliarios, de centro de día o en una residencia, y la comunidad autónoma gasta un promedio anual por dependiente de 7.697 euros, liderando el ranking nacional.

Al cierre del pasado año, había 26.429 expedientes abiertos, de los que 21.354 han sido valorados como personas en situación de dependencia en sus diferentes grados (un 3,7% de la población de la región), 4.339 como no dependientes y 736 están aún pendientes de esa valoración.

De las personas acreditadas como dependientes, 13.618 son mujeres (64%) y 7.736 son hombres (36%), por lo que el perfil de dependiente en Cantabria sería el de "una mujer de unos 79 años con dependencia severa (grado II), según el diagnóstico de la situación de dependencia en la comunidad autónoma elaborado por el Gobierno regional, a través de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales.

La consejera del área, Ana Belén Álvarez, ha presentado este miércoles en una rueda de prensa ese diagnóstico junto a la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), María Antonia Mora, y el director general de Políticas Sociales, Julio Soto.

Ese informe detalla la situación actual del sistema de atención a la dependencia en Cantabria, las valoraciones realizadas y los grados de dependencia, las personas que reciben prestaciones o las previsiones para el futuro, en el que las necesidades serán crecientes y, por tanto, habrá un aumento de la demanda debido al envejecimiento paulatino de la población.

El sistema en Cantabria lo financia casi en su totalidad el Gobierno regional pese a que cuando se puso en marcha la Ley de Dependencia se marcó una aportación del 50% por parte del Estado, cifra que está "muy lejos" de la realidad como evidencian los datos de 2018, último ejercicio cerrado en el que el gasto total en dependencia fue de 137 millones, de los que el Estado aportó 17,6, un 13%, mientras que el resto lo financió el Ejecutivo cántabro.

En este sentido, la consejera ha esperado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 que presentará el nuevo Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "salgan adelante" ya que, si se utiliza el borrador de los elaborados para 2019 y que no se aprobaron en el Congreso, se preveía incrementar la aportación al sistema hasta el 50%.

En cuanto a las valoraciones y los grados de dependencia, al cierre de 2019, el ICASS ha acreditado como dependientes a 21.354 cántabros, de los que 16.609 (un 77,8%) reciben la prestación de algún servicio de atención y 3.412 (un 16%) han renunciado a los servicios autonómicos, pero pueden estar recibiendo alguno por parte de los ayuntamiento, como puede ser la teleasistencia.

Hay otras 586 personas, un 2,7%, cuyos expedientes están resueltos y se les ha ofrecido un servicio pero están en lista de espera por preferir otro. En su mayoría son personas a las que se les ha ofrecido una plaza residencial pero no la cogen porque quieren esperar a tener una en una residencia concreta.

Por otro lado, hay 83 personas (un 0,4%) cuyos expedientes están resueltos y estaban recibiendo algún servicios de atención pero esté se encuentra en suspensión cautelar por diferentes circunstancias como puede ser un ingreso hospitalario o un traslado.

Asimismo hay 664 personas, un 3,1%, a las que se les ha reconocido su grado de dependencia pero su expediente sigue abierto o sin resolver a la espera de que se les ofrezca el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

En este momentos, el tiempo medio de valoración de la situación de dependencia, desde que se presenta la solicitud, es de 81 días y de 210 hasta que se asigna un servicio o prestación, unos tiempos que desde la Consejería se quieren reducir, al tiempo que se aumenta la red pública de servicios.

A pesar de ello, la directora del ICASS ha asegurado que los casos de "emergencia social" siempre están atendidos y, como no podría ser de otra manera, se les da "prioridad" y se resuelven en "plazo muy cortos", algunos en "cuestión de días".

CANTABRIA NECESITA 800 PLAZAS RESIDENCIALES

La consejera ha apuntado que no hay lista de espera para recibir prestaciones económicas o los servicios de teleasistencia y centro de día, pero sí la hay para las plazas de residencia. Y es que, aunque Cantabria tiene la mayor tasa de plazas residenciales por cada 1.000 habitantes del país, con 8,33, "la demanda de plazas supera con creces" las disponibles, que ascienden a 4.180 --éstas son plazas para personas mayores, a las que suman 929 para personas con discapacidad--.

De hecho, los responsables autonómicos han estimado que Cantabria necesita a corto plazo, en esta legislatura, unas 800 plazas residenciales. En estos momentos, el Gobierno tiene previsto concertar 72 nuevas plazas en diferentes centros residenciales de la comunidad y para verano espera que esté en funcionamiento la nueva residencia, que gestionará la ONG Mensajeros de la Paz y que contará con 98 plazas.

Han indicado que hay proyectadas varias residencias y muchos ayuntamientos quieren contar con una en sus municipios pero desde el Ejecutivo regional piden esperar a la elaboración de un nuevo estudio de necesidades de atención, que estará listo para primavera y con el que se podrá planificar de forma "coherente" el desarrollo de la red.