La directora general de Comercio y Consumo de Cantabria, Odette Álvarez, ha asistido a la primera reunión representando a las comunidades autónomas de España en el Consejo sobre Consumidores de la UE que se ha celebrado en Bruselas.
Álvarez ha estado acompañada por el director general de Industria, Energía y Minas, Raúl Pelayo, responsable en la legislatura anterior de los asuntos de consumo de la Consejería de Innovación.
Según ha indicado el Gobierno en un comunicado, Cantabria ha asumido este primer semestre del año la representación de las comunidades autónomas en Bruselas en las reuniones relativas a la protección de los consumidores, por lo que asistirá a las convocadas de los grupos de trabajo en esta materia.
La comunidad toma el relevo a Navarra y cerrará la puesta en común de las regiones españolas sobre la Directiva de Acciones de Representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores que, entre otros aspectos, abordará las reclamaciones conjuntas de daños, como pueden ser los mecanismos de demandas colectivas, así como las acciones de cesaciones como son las vulneraciones de derecho de las personas consumidoras por parte de las empresas, entre otras.
En la reunión se ha tratado el borrador de la directiva sobre acciones de representación que ya está bastante avanzada con un amplio consenso, aunque se han establecido 235 enmiendas que tendrán que debatirse.
La representación de Cantabria coincide con la presidencia de Croacia, a la que se ha dado la bienvenida. La nueva presidencia se ha marcado como objetivo culminar y poner en marcha esta nueva directiva cuya propuesta pretende conseguir un equilibrio entre facilitar el acceso a la justicia para proteger los intereses de los consumidores y garantizar las salvaguardias adecuadas frente a litigios abusivos.
El sistema cubrirá acciones tanto por mandato judicial como por reparación. La directiva fue propuesta por la Comisión en abril de 2018 como parte del paquete denominado 'Nuevo acuerdo para los consumidores' de la Comisión, cuyo objetivo es garantizar normas justas y transparentes.
La directiva faculta a las entidades cualificadas, que incluyen a las organizaciones de consumidores, a buscar, además de las medidas cautelares, medidas de reparación, incluida la compensación o el reemplazo, en nombre de un grupo de consumidores que ha sido perjudicado por un comerciante por un acto recogido en el anexo de la futura directiva, pero no lo hace a los despachos de abogados como tales.
Dado que los consumidores hoy en día operan en un mercado más amplio y cada vez más digitalizado, lograr un alto nivel de protección del consumidor requiere que áreas como servicios financieros, viajes y turismo, energía, telecomunicaciones y protección de datos estén cubiertas por la directiva, además de la Ley General del Consumidor.
La representante cántabra acudirá a todas las reuniones que se den en materia de consumo, tanto a las del Consejo EPSCO (Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores) como a las de Consumidores.
