La Comunidad de Madrid continúa al frente del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), realizado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation de Estados Unidos, que sitúa nuevamente a Cantabria en la 12ª posición, mientras que Cataluña repite como la que menos tiene.
Según el estudio, entre 2017 y 2024 Cantabria ha reducido su puntuación en 0,13 puntos, hasta los 5,91 en el IACF de 2024. En 2018, la comunidad sufrió un importante retroceso ya que reguló su propia tarifa en el Impuesto sobre el Patrimonio con tipos impositivos más altos que la escala general de aquel año, y subió el tipo de gravamen general para la transmisión de inmuebles del 8 al 10%.
Además, en 2018, Cantabria redujo la bonificación para los grupos I y II del 99% al 90%, pero rectificó en 2019 subiéndola al 100%. Por ello, subió a la primera posición en el subíndice de sucesiones.
Para 2024 Cantabria introdujo una nueva bonificación del 50% para el grupo III. Actualmente, sigue liderando la primera posición en el subíndice de sucesiones junto a Andalucía, Baleares y Galicia.
Si en 2022 Cantabria mejoró el tratamiento de la vivienda en el Impuesto sobre Sucesiones, aplicando la reducción del 95% a todos los grupos de parentesco y no solo a los grupos I y II, en 2023, vuelve a reducir el ámbito de aplicación de la reducción por adquisición de vivienda a los grupos I, II y III.
En 2023, Cantabria también crea un nuevo impuesto/canon por la implantación en el suelo rústico de parques eólicos y fotovoltaicos. Por otro lado, el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos es derogado por la entrada en vigor del impuesto estatal.
Para 2024, Cantabria reduce un punto porcentual el tipo impositivo marginal para todos los tramos de la escala del IRPF. También introduce una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio. Sin embargo, esta bonificación no será de aplicación cuando el patrimonio neto del sujeto pasivo sea superior a 3 millones de euros, una vez descontado el mínimo exento de 700.000 euros. Por último, reduce el tipo impositivo general para transmisiones patrimoniales del 10% al 9%.
Las recomendaciones de la Fundación para la comunidad pasan por reformar el Impuesto sobre la Renta reduciendo los tipos impositivos de todos los tramos en 1,5 puntos, con un tipo impositivo máximo del 23%, para alcanzar un tipo marginal máximo conjunto estatal y autonómico del 47,5% (actualmente 49%), parecido al de Alemania.
También, deflactar todos los años de forma automática todos los tramos de IRPF y los mínimos personales y familiares con la inflación; y, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, eliminar los coeficientes multiplicadores en función del grado de parentesco y patrimonio preexistente y a los grupos III y IV aplicar las mismas bonificaciones y reducciones que las aplicadas actualmente a los grupos I y II.
Seguir bonificando el Impuesto sobre el Patrimonio; establecer el tipo de gravamen de AJD en el 0,5%-0,75% y bajar 2 puntos más el de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) hasta el 7%; y derogar el canon por la implantación en el suelo rústico de parques eólicos y fotovoltaicos son otras recomendaciones.
DATOS NACIONALES
Según su estudio, Madrid lidera por quinto año consecutivo el ranking del IACF, con 7,24 puntos sobre diez, seguida por las provincias de Vizcaya (6,92), Álava (6,89) y Guipúzcoa (6,78), del País Vasco.
Los autores del estudio señalan que Madrid se mantiene en lo alto pese a empeorar ligeramente su puntuación un 0,09. Aplauden que sigue deflactando los tramos de renta, los mínimos personales y familiares y mejora la deducción por familia numerosa, pero creen que podría mejorar más si redujera el tipo impositivo del primer tramo de la renta hasta el 8%, el que aplican otras comunidades.
Como tercera comunidad se encuentra Andalucía, con 6,44 puntos, por delante de Canarias (6,31), Extremadura (6,22), La Rioja (6,15), Región de Murcia (6,13) y Castilla y León (6,08).
Destacan este año la subida de ocho puestos de Extremadura, que pasa de la decimoquinta a la séptima posición, y también La Rioja, que escala dos posiciones respecto a 2023, situándose en el octavo puesto.
Por debajo aparecen en el ranking Galicia (5,96), Cantabria (5,91), Baleares (5,87), Navarra (5,75), Castilla-La Mancha (5,62), Comunidad Valenciana (5,35), Aragón (5,06), Asturias (4,81) y, por último, Cataluña, con 4,52 puntos.
En el caso catalán, los autores apuntan que uno de los factores que le impiden subir en la clasificación y alcanzar mayor competitividad fiscal es "la persistencia de numerosos impuestos adicionales creados por ese gobierno autonómico", ya que "sigue contando con el doble de impuestos autonómicos que las demás comunidades".
